Nuevo varapalo judicial a la Junta de Castilla y León a cuenta de la caza del lobo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León obliga a reparar el daño causado por la caza de 91 ejemplares de lobos en 2016. Considera ilegal su caza y anula la resolución administrativa que autorizaba su captura.


El TSJ de Castilla y León ha notificado recientemente a la Junta —en plena Navidad de 2019— una sentencia por la que vuelve a tirar por tierra otra de sus normas. Concretamente declara nula una resolución de 29 de julio de 2016 por la que se aprobó el Plan de Aprovechamiento Comarcal del Lobo al norte del río Duero durante las temporadas 2016 a 2019. La sentencia obliga a la Junta a reparar el daño que se fija en 842.751 € a razón de 91 lobos cazados en 2016 por 9.261 € el ejemplar.

La sentencia es un rejonazo en pleno proceso de aprobación de una Ley regional que dé seguridad jurídica a la actividad cinegética en la región más extensa de Europa. El caso es que la caza en Castilla y León no gana para sustos y que en los últimos años, una tras otra, las sentencias de su TSJ vienen minando reiteradamente los cimientos legales de la caza en la región.

El motivo en esta ocasión estaba cantado: la consideración legal del lobo como especie de caza fue anulada por falta de información suficiente, objetiva, científica y actual que permitiese considerar a la especie como aprovechable. El propio TSJ lo manifestó así en 2017 (sentencia de 17 de mayo de 2017) y posteriormente en la sentencia de 25 de enero de 2018 que anuló el Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León (Decreto 14/16). En resumen, que anuladas las bases legislativas de las que emanaba la resolución recurrida, la anulación de esta era una crónica de algo anunciado.

Lo cierto y verdad es que nunca ha habido tanta información sobre el lobo en Castilla y León. Eso es un dato. Y que en nuestra historia reciente, la situación de la especie es la mejor. Y aun así, y pese al problema social que genera el lobo, y los múltiples daños en los ganados, el TSJ sentencia que no se le puede cazar.

Tras años de procesos, sentencias desfavorables y líos varios, la Junta debe pasar a la acción y dejar de parecer un boxeador noqueado y contra las cuerdas. La situación es lo suficientemente grave como para reaccionar, dejar de estar a la defensiva y pasar del suficiente, al sobresaliente. En definitiva, invertir el proceso, darle la vuelta al calcetín. Seguramente dichos esfuerzos se han hecho —al menos en parte— pero la realidad es que sigo hace años este culebrón judicial sin final, y tengo hoy la misma sensación que al comienzo: hay un exceso de confianza por parte de la administración autonómica, y una fiscalización superlativa y quizá errática por parte del TSJ a la hora de supervisar y revisar las normas de caza. Que hace unos meses, el TSJ de Castilla y León, paralizara y suspendiera toda la actividad cinegética en toda la autonomía, no deja de ser un puro disparate; un exceso. Lo diga un juez o un albañil. ¿A razón de qué suspender la caza del jabalí, o del conejo, cuando es sabido que estas especies requieren un control poblacional obligado para evitar daños a la agricultura y/o la seguridad en el tráfico?

Por su parte, al socaire de estos leñazos judiciales, las asociaciones ecologistas que han interpuesto los recursos estarán crecidas: exultantes. Y a partir de ahora se abre la veda para que cualquier normativa sea recurrida. Sin duda es un precedente peligroso y muy negativo, que puede extenderse a otras regiones y contagiarse.

A raíz de esta nueva sentencia la Junta tendrá que desarrollar un programa de actuaciones para recuperar las poblaciones de lobo basado en su conservación y la importancia de la especie, y todo ello con el fin de reparar los daños causados al medio ambiente por su caza ilegal. Eso sí, a costa del sufrido bolsillo del contribuyente, que es el paganini de esta historia.

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