Veneno institucional
Decía el mes pasado en una sección habitual donde escribo en FEDERCAZA que había un protocolo automático mediante el cual el Servicio Territorial de cada provincia de Castilla y León trasladaba al Ministerio Fiscal la existencia de envenenamiento y de los posibles indicios de responsabilidad penal del titular del coto donde apareciera un animal envenenado.
Una veintena de casos en mi provincia vallisoletana se había ajustado exactamente a ello y otros tantos titulares de cotos habían tenido que presentarse ante el juez, como imputados. Recientemente en Burgos, cinco cotos situados alrededor de uno donde han aparecido cebos envenenados, porque algún bestia no se desasna del todo, han sido cerrados dos años «para que las especies predadoras se puedan recuperar», según resuelve el director general de medio ambiente. Perdonen, pero no era exacta mi referencia en lo del protocolo automático, como vuelvo a aclarar en aquella revista. La Consejería de Medio Ambiente sólo actúa con ese protocolo cuando sospecha que fue mano cazadora quien echó la ponzoña. Si la mano airada es otra, el asunto se echa a humo de pajas, como podrán leer. Una plaga de topillos, semejante a la que invadió estas tierras en 1987 y 1997, asola los campos de pan llevar. Nuestros agricultores que están totalmente en el límite ven tambalear un año más la cosecha y reclaman a la Consejería de Agricultura medidas y soluciones, porque las plagas son situaciones anormales de la naturaleza que no amparan los seguros agrarios. Yo entiendo la desesperación del agricultor porque cifran las pérdidas por la plaga en treinta millones de euros y han pedido indemnizaciones ya que la propia Junta ha considerado oficialmente la eclosión de topillos como plaga sobre unas veinte mil Has de Tierra de Campos. Lo que no entiendo es que el Consejero de Agricultura —que ya no recuerda que en 1987 y1997 se nos murieron liebres a manta por la clorofacinona— saque de nuevo un protocolo y pida a los del agro, ¡guerra santa al topillo! a base de cebada impregnada en aquel veneno que subvenciona la propia Consejería. La distribución en campo del rodenticida debe hacerse con precauciones medioambientales pero, ante la proliferación masiva de roedores, bien porque el topillo destapa el grano o porque el agricultor asustado haya podido distribuir el grano a boleo —que era un método histórico para sembrar y abonar—, el caso es que el veneno quedó al aire, expuesto para toda la fauna. En Herrín de Campos, según decía ayer el presidente de la junta agropecuaria en un periódico vallisoletano, «el reparto de veneno no ha sido equitativo pues sólo han aplicado en su pueblo seis toneladas (6.000 Kg), cuando era uno de los principales focos». Liebres y conejos —para los que el producto es muy llamativo—, palomas, perdices y demás aves, incluidas las protegidas, se han puesto ciegas de cebada en un momento en que en el campo ya no quedaba un sólo grano desde febrero en que se sembró el cereal de ciclo corto. Como consecuencia, han aparecido cientos de palomas muertas, (solamente en un palomar de Autillo de Campos- Palencia, 118), emponzoñadas por este veneno, algunas con dosis entre nueve y veintisiete veces superiores a la letal, según hemos podido contrastar. Y no aparecen más liebres porque ya estaban muy escasas por la Tularemia, ni perdices porque desde hace años están medio ausentes. Nos figuramos que estas últimas, en su escasez, morirán ignoradas en medio del campo para satisfacción de zorros, córvidos y rapaces y para que podamos certificar ya, su ausencia definitiva. La Junta de Castilla y León, dice la prensa de ayer de Valladolid, que no descarta repartir más veneno contra los topillos. En esta comarca de Tierra de Campos habían puesto en marcha desde hace unos diez años una industria especial: la del palomino. En Cuenca de Campos y Manganeses hay dos mataderos industriales donde se sacrifican 55.000 palominos anuales en cada uno. Además, se había creado una cultura gastronómica alrededor del palomo volandero, que es una delicia. En la mayoría de los pueblos de la comarca han nacido restaurantes especializados en palominos estofados y el turismo rural, en esta parte deprimida de Castilla y León, ya no requería ir a las cabeceras de comarca para comer suculentamente a base del producto estrella de la tierra. La recuperación de los derrumbados palomares está subvencionado por la Junta y daba gusto verlos encalados o embarrados, con el bando revoloteando. Pues se ha fastidiado una actividad importante ya que los servicios sanitarios de la propia Junta de Castilla y León, piden que no se consuman palomas en la zona. No es ésta la única que nos hacen; el año pasado en Castilla y León las organizaciones agrarias solicitaron del Consejero de Agricultura que permitiera dulcificar las normas y recortar 15 días el calendario pudiendo cosechar a partir del 25 de junio a los acogidos al sistema de extensificación de Pago Único de la PAC —que subvenciona con primas especiales pero obliga, entre otras medidas, a recolectar a partir del 10 de julio y a no empacar de noche—. En esta región no se respetó por los agricultores acogidos a la subvención especial ni esas, ni otras exigencias de la normativa y nadie tomó medidas. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, tan certera y dispuesta a cerrar cotos y llevar al juzgado a sus titulares cuando aparece veneno, da la impresión de que no se atreve con su homóloga de Agricultura. No sé si porque «entre bomberos…» ya se sabe, o es que el factor agrícola tiene demasiada densidad social para moverle a vuela pluma. El caso es que en esta comunidad de Castilla y León el medio ambiente está supeditado y sumiso ante la agricultura y cuando hablan los sindicatos agrarios, la Administración medioambiental se acongoja. Los cazadores no contamos en esta batalla, ni tampoco ante estos administradores, creo que porque tenemos alergia al juzgado. Y deberíamos curárnosla, sobre todo, para que nos tomen en serio.