El paripé de Morón
El medio ambiente no es lo primero. Lo primero es el partido y luego vienen la política y el interés general. En Sevilla acabamos de asistir a un paripé tan descarado como desalentador por parte de la Consejería de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Ministerio del ramo. No hay que ser un lince para darse cuenta de que nuestros gobernantes, sean del signo que sean, orientan su gestión hacia el voto. Pero uno era tan iluso que pensaba que el medio ambiente, eso tan importante y que está tan de moda a cuenta del cambio climático, estaba a salvo. Pero no.
Resulta que el río Guadaíra, afluente del Guadalquivir, es uno de los más contaminados de España a causa de los vertidos de las empresas aceituneras. Hay tres pueblos en su entorno donde se asientan estas industrias, que son Alcalá de Guadaíra, Arahal y Morón de la Frontera. Y al parecer, es en este último —el único que gobierna el PP— donde más acucia el problema de los vertidos de alpechín. En febrero, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, se adelantó a todo el mundo al anunciar que planeaba la idea de retirar las competencias en materia de vertidos al Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Y, casi de forma inmediata, la CHG anuncia que ha «retirado» dichas competencias por la permisibilidad del alcalde de Morón con los vertidos. La consejera comparece en el Parlamento a cuento de esa «retirada». La ministra Narbona viene a Sevilla y se refiere a la medida ejemplearizante tomada con Morón. Todos los medios de comunicación, todos, informamos ingenuamente que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera había sido castigado por su mal comportamiento. Pues bien, lo que resulta de verdad es que todos los ayuntamientos de España habían perdido sus competencias en vertidos el 18 de octubre de 2006, a raíz de una sentencia del Supremo que declaraba nula la delegación de dicha competencia. Por ello, la «retirada» anunciada en febrero a Morón de la Frontera fue un paripé, como he dicho antes, o una «farsa», como sostiene el Ayuntamiento. La Administración se ha valido de la desinformación ciudadana (y lo admito, periodística), porque el común de los mortales desconocía los términos de la sentencia del Supremo, y lo ha utilizado para sembrar confusión en torno a la gestión de un alcalde en vísperas electorales. Ahora nos hemos enterado todos, porque el real decreto legislativo del 13 de abril (BOE del 14 de abril) lo deja bien a las claras, que al Ayuntamiento de Morón nadie le había quitado nada, que todo ha podido ser una estrategia perfecta para desgastar a un alcalde antes de las elecciones. Y a ver cuándo nos enteramos también, señores, de que con el medio ambiente no se juega.
