La UNAC inicia acciones legales contra la Ley de Caza de Extremadura
La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) ha solicitado al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la reciente modificación de la Ley de Caza de Extremadura, al considerar que la casta política se puso de acuerdo y han pisoteando la Constitución dando trato de favor a una asociación privada.
Una medida denunciada públicamente por la UNAC que vulnera el derecho de igualdad de trato, el de libre asociación y que perjudica a los cazadores de a pie extremeños.
Cotos sociales y federarse, el centro de la polémica
La Ley de Caza de Extremadura en su artículo 21.2 afirma: «Todos los socios deberán estar federados en la Federación Extremeña de Caza para poder cazar en el coto social». Recordar que dicha asociación o federación es privada, no es la única y es de diferente naturaleza a la caza aunque parezca que lidere la misma.
El presidente de la UNAC, Manuel Alonso, ha indicado, «que se va hacer todo lo posible para paralizar esa imposición del derecho de asociación, y ese incumplimiento del derecho de igualdad de trato que impone la Ley de Caza de Extremadura a todos los cazadores modestos extremeños, con la obligación de afiliarse a una federación o asociación privada con nombres y apellidos».
El presidente de UNAC denuncia que se coartan libertades constitucionales
Tras recibir del Defensor del Pueblo la admisión a estudio de la petición de UNAC de declarar inconstitucional ciertos artículo de la Ley de Caza de Extremadura, el presidente de la UNAC, que ya lo advirtió en su comparecencia en el Parlamento Extremeño, La UNAC interviene en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Extremadura, ha manifestado que es inadmisible y es algo terrible constatar que la mayoría de Diputados de partidos políticos de la Cámara Parlamentaria de Extremadura se hayan puesto de acuerdo para hacer oídos sordos, y aprobar, en una Ley de Caza Autonómica, la imposición y obligación de afiliarse para todos los socios a una federación o organización privada, de carácter competitivo-deportivo, de diferente naturaleza y con distintos objetivos al que trata la ley de caza a la «Caza», eso es trato de favor.
«Están coartando libertades constitucionales de los cazadores», ha denunciado Alonso, «y por ello la UNAC ha presentado la petición al Defensor del Pueblo, no solo eso, también impulsara y se personara en cuántos procesos se inicien para defender los verdaderos intereses y derechos de los cazadores de las sociedades locales de caza de Extremadura».«Vamos a hacer todo lo posible para que los cazadores modestos no sean los paganinis de asociaciones privadas de naturaleza competitiva que reciben trato de favor por algunos estómagos agradecidos», ha sentenciado.