Una alcaldesa, condenada por prevaricar con un coto de caza

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Rosario Cabrera, alcaldesa de Aranda de Moncayo, con nueve años de inhabilitación para empleo público. Se han considerado probado que ha prevaricado con el coto de caza municipal.

Favoreció a su marido, hijo y cuñado

El Ayuntamiento sacó a licitación el aprovechamiento de este coto, pero Rosario Cabrera intercedió de manera ilegal en los trámites administrativos de manera que el coto fuera aprovechado por la sociedad de caza San Roque, en la que su marido es secretario, su hijo es vocal y un cuñado presidente.

Todo comenzó en 2015, con la licitación del coto de caza municipal. Ante las irregularidades cometidas, la sociedad de cazadores El Perdigal, denunció los hechos, y hace dos años un juzgado de lo contencioso-administrativo anuló aquella licitación y comenzó el proceso penal del caso, que ha sido sentenciado por la Audiencia Provincial de Zaragoza.

La alcaldesa presidió un pleno en el que se aprobó el expediente de contratación y el pliego de contratación del coto, y se acordó su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, como así ha recogido la declaración de la acusación particular en nombre de la sociedad de cazadores El Perdigal. Pero, a pesar de que el anuncio publicado en el boletín instaba a los interesados en la licitación a acceder al pliego en dependencias municipales, durante ese plazo de 15 días naturales para la presentación de ofertas, el secretario estuvo ausente, haciendo imposible que nadie licitase.

5.800 € por el coto municipal

Y ese pliego se mantuvo en una vitrina cerrada durante ese plazo, por lo que nadie pudo leer más que la primera página del mismo.

Finalmente, la alcaldesa aprobó la adjudicación del coto social a la sociedad que estaba integrada por sus parientes por un importe de 5.800 euros, a pesar de que el secretario municipal presentó un informe contrario a esta decisión.

El diario Heraldo ofrece detalles de la sentencia, citando que la «la decisión de no realizar un nuevo concurso constituye una decisión (comisión por omisión) arbitraria, injusta y perjudicial para terceros».

No ingresará en prisión

La alcaldesa, militante del PSOE, además de por prevaricación, se enfrentaba a las acusaciones de negociaciones prohibidas y malversación de caudales públicos. Pero el tribunal solamente la ha encontrado culpable del primer cargo, por lo que no ingresará en prisión, ya que por los dos últimos cargos la Fiscalía pedía tres años de prisión, y la acusación particular, cuatro años y medio.