El PP presenta hoy una moción para que Diputación apoye la caza y el silvestrismo

Ante las últimas medidas de las administraciones responsables de regular la actividad cinegética, tanto a nivel europeo como nacional, el portavoz popular cree que se están abandonando a los propietarios de más de 40.000 licencias de silvestristas y 800.000 licencias de caza.

En defensa del silvestrismo

Toscano ha expuesto que el silvestrismo, como modalidad cinegética, «está basada en la captura sin muerte de determinadas aves fringílidas (jilgueros, verdones y pardillos en Andalucía) para su educación al canto». Igualmente, ha indicado que se trata de «algo que se argumenta de forma científica», frente a «un dictamen de la Comisión Europea que se remitió a España en mayo pasado y que concede un plazo de dos meses para acabar con las capturas de estas aves».

El popular ha subrayado que la Federación Andaluza de Caza y la Plataforma Nacional en Defensa del Silvestrismo ha lamentado «la falta de criterio científico de los técnicos de las instituciones» y sostienen que la Directiva Aves «permite a los estados autorizar las capturas como excepción cuando sean sostenibles en proporción a las poblaciones y, además, justifiquen una actividad tradicional que no pueda realizarse sin dichas capturas».

Asimismo, en la moción popular se argumenta que «en contra de lo que algunos piensan y proclaman, las capturas autorizadas representan menos del 0,1 por ciento de las aves fringílidas que mueren en un año» y que «el silvestrista devuelve al campo todos los pájaros capturados que no cumplen los requisitos que busca».

La caza, amenazada por el ejecutivo

Por otro lado, ha argumentado que el colectivo de los cazadores «se siente amenazado ante las últimas declaraciones e intenciones de ministros y diputados contra la caza». Los populares han explicado que se trata de «una actividad con un fuerte impacto en la economía española ya que, en el año 2016, generó 5.470 millones de euros, aportando al Producto Interior Bruto (PIB) nacional 6.475 millones de euros, el equivalente al 13 por ciento del PIB agrario o al cuatro por ciento de la construcción».

Asimismo, Toscano ha afirmado que la caza representa «45.000 empleos directos y 141.000 indirectos» y ha estimado que «conserva vías y caminos por un importe de 54 millones de euros, además de destinar 240 millones de euros para prevención de incendios". Por ello, el PP ha considerado que «la contribución económica, social y medioambiental y el papel del cazador y del resto de los agentes relacionados con la caza a la hora de fijar la población y frenar el éxodo rural es un hecho manifiesto».

Así, ha indicado que «en muchas zonas rurales de Huelva, Andalucía y España, el papel que juega la actividad de la caza en el sostenimiento y desarrollo de la economía y el empleo es vital». Además, los cotos gestionados y controlados por los cazadores «ayudan a reducir el número de accidentes de tráfico provocados por el cruce de animales en carreteras. No creemos que la prohibición de estas actividades nos aporte nada, más bien, nos podría afectar de forma muy negativa, económica, social y laboralmente».