El Senado aprueba la caza de especies invasoras

El pleno del Senado del día de ayer aprobó siete de las 53 enmiendas que se pactaron con la iniciativa de PP, el apoyo de Ciudadanos, PNV y PDeCAT, y con los votos en contra de Unidos Podemos, Compromís y ERC, así como la abstención del PSOE. Te explicamos las enmiendas más relevantes que se han aprobado.


 Arruí
Arruí

Photo by imagesinstant on Foter.com / CC BY-NC-ND.

Como se preveía, no se repitió el error ocurrido en las votaciones en el Congreso de los Diputados de estas mismas enmiendas del pasado 16 de abril, cuando PDeCAT y PNV votaron de manera equivocada, como posteriormente reconoció el portavoz de la formación catalana, Toni Postius. Esto permitió a Unidos Podemos intentar echar por tierra estas enmiendas. Afortunadamente, el error ha sido enmendado.

El objetivo de la iniciativa Popular era evitar la aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que obligaba al Ejecutivo a considerar como especies invasoras al arruí, la trucha arcoiris, el lucio, la carpa, o el cangrejo americano. Esa sentencia consideraba científicamente demostrado el carácter invasor de estas especies y la ilegalidad de las excepciones incluidas por el PP en la ley a través de un Real Decreto en 2013.

Enmiendas aprobadas

Desde el Grupo Parlamentario Popular se ha defendido la necesidad de compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con el aprovechamiento económico en áreas donde su presencia «no sea un problema ambiental». De ahí, que se haya dedicado una enmienda a este tema en concreto.

La enmienda número 21 expone lo siguiente:

«Disposición transitoria tercera. Especies catalogadas como exóticas invasoras introducidas antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

»Hasta que se aprueben los instrumentos normativos de planificación y gestión y de la delimitación cartográfica del área ocupada por las especies catalogadas como exóticas invasoras introducidas antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, a que se refiere el artículo 64 ter, apartado 2, las Comunidades Autónomas podrán autorizar la práctica de la caza y de la pesca en zonas delimitadas, de las especies que tengan relevancia social, y/o económica, en sus distintas modalidades, adoptando las debidas medidas tendentes a la salvaguarda del medio natural y del ecosistema donde se desarrollen».

Otra enmienda relevante en este sentido es la número 30. Con ella, el Grupo Parlamentario popular ha promulgado la necesidad de crear un marco de actuación para las comunidades autónomas:

«La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad aprobará, a propuesta de las Comunidades Autónomas, y previa audiencia a los colectivos y entidades con interés legítimo, el listado de las especies naturalizadas y los ámbitos concretos de estas, para la suspensión de la catalogación o descatalogación de la especie incluida en el catálogo de especies invasoras, debidamente justificado por razones de índole social y económica. Asimismo, deberá quedar probada fehacientemente la presencia de dichas especies en los ámbitos seleccionados, antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad».

Consulta todas las enmiendas aprobadas en el Senado en este enlace.

Posiciones políticas al respecto

Como ha informado la Plataforma global de periodismo ambiental y científico de la Agencia EFE, las posturas se han encontrado entre los portavoces de partidos afines a las enmiendas y a los que han intentado frenarlas a toda costa. Así, desde el Grupo Mixto la senadora Rosa María Domínguez de Posada ha aseverado que «hay que corregir las prohibiciones que pesan sobre la pesca deportiva y la actividad cinegética» a fin de evitar el abandono del campo, pues «el territorio se está despoblando».

Por su parte, la senadora del Partido Aragonés, Rosario Isabel Santos, ha defendido que «las personas del medio rural son tenedores y sostenedores del territorio».

Desde la oposición, Margarita Quetglas Quesada, del Grupo Parlamentario de Podemos, ha señalado que la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad «ataca el concepto y contenido del catálogo de especies, renuncia a valorar criterios científicos y es una aplicación errónea del reglamento europeo».

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