La Fiscalía archiva la causa por los perros del rehalero Rosado despeñados en Herreruela: PACMA hace un nuevo ridículo

El informe de la Fiscalía señala que «el rehalero no podía ver el cortado ni dirigió a los animales allí de forma deliberada». Además, en el texto también incluye que «no aprecia indicios de maltrato a un animal doméstico ni a la fauna cinegética en la cacería».

El vídeo que hizo viral el accidente acaecido en el transcurso de una montería en la finca El Hornillo, cerca de Herreruela.

Víctima del revuelo creado por un vídeo viral

Quizás todo el revuelo montado y la reacción de la sociedad ante un hecho accidental llevó al titular de Medio Ambiente a abrir una investigación penal de oficio el pasado 19 de noviembre. Por esto, encargó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar si se había producido un delito de maltrato contra los animales domésticos o la fauna cinegética.

Nuevo ridículo de los animalistas

Las reacciones de políticos y personajes de notoriedad pública condenaron a Rosado ante algo que, hoy, al fin, la justicia ratifica. Y lo hace sumiendo en nuevo ridículo a animalistas radicales como Pacma, la Asociación Galgos sin Fronteras, la Plataforma Defensa Animal Extremeña, SOS 112 Vagabundos y la Asociación de Amigos de los Animales abandonados.

Todos estos animalistas intentaron aprovechas el revuelo social para sacar tajada de lo que la justicia ha puesto en su sitio. En cambio, la justicia sí se ha abierto a investigar las amenazas que los más radicales de los animalistas han vertido contra el rehalero tras aquello.

Rosado no pudo saber que los perros caerían

En el informe de la Fiscalía, se incluye que «no aprecia indicios de un delito de maltrato animal por parte del rehalero por la muerte de uno de sus perros y las heridas que ocasionó a un tercero la caída. El resto de perros precipitados se reincorporaron a la actividad cinegética».

Además, incluye que «la inspección ocular que llevaron a cabo los agentes del Seprona evidencia que desde el lugar en el que el rehalero se aproximaba al punto de agarre de los perros no se podía conocer el inminente peligro que se cernía sobre ellos hasta que no lo vivió personalmente al acercarse a rematar al ciervo».

En sus informes, los agentes del Seprona han hecho constar que han analizado tanto el lugar en el que se produjeron los hechos como el núcleo zoológico donde se guardan los perros de esta rehala, comprobando la atención sanitaria de cada uno de ellos y la documentación veterinaria en cada caso, así como las normas administrativas.

No hubo deliberación

También podemos leer que «el rehalero no había soltado a los perros en ese punto, ni los había dirigido hacia ese roquedo de forma deliberada». Y lo detalla informando que «la orografía de los terrenos que integran el coto no es imputable al responsable de los animales» o que «según recoge también el decreto fechado el 18 de mayo, en el que además apunta que la colocación de los puestos en uno u otro punto para anticipar el avance de los animales en el acoso o la huida, no es algo que dependa igualmente del dueño de la rehala».

Por tanto, la Fiscalía concluye que «la precipitación y muerte del perro Faroles y las lesiones del perro Ligero no puede atribuirse en términos de imputación jurídica al rehalero».

Al dogo argentino, Ligero, se le prestó asistencia veterinaria

La investigación efectuada por el Seprona también ha dejado claro que la actuación del rehalero con su perro herido, Ligero, fue la más correcta: «Ha quedado debidamente acreditado» que al perro Ligero, se le prestó «la asistencia veterinaria precisa» para que se recuperara: cuatro intervenciones quirúrgicas y 14 días de ingreso para fijar las fracturas que le ocasionó la caída en el fémur, la escápula y la mandíbula del lado derecho.

La Fiscalía deja claro el derecho a la caza

Ante las denuncias de los animalistas, la Fiscalía ha puesto la nota de cordura al recoger en su informe «que no puede existir ningún reproche penal», puesto que el responsable de los perros que cazaban en rehala el pasado 17 de noviembre estaba ejerciendo su derecho a la caza sobre un animal que pertenece a una especie cinegética, en temporada hábil, con los permisos y autorizaciones necesarias y en una modalidad prevista por la ley.

Ni Pacma ni el resto de animalistas podrán recurrir contra este decreto, por lo que la injusta pesadilla judicial de José Luis Rosado acaba hoy.