Sánchez acercará aún más a los ecologistas a Teresa Ribera, la ministra que prohibiría la caza

El Ministerio de Transición Ecológica, regido en la anterior legislatura por Teresa Ribera, la ministra contraria a la caza que declaró en Onda Cero que, si por ella fuera, prohibiría la actividad cinegética, será uno de los favorecidos y potenciados en el próximo gobierno de Pedro Sánchez cuando este sea investido.

La misma ministra que prohibiría la caza

Ribera ha llevado una línea en contra de la caza durante la anterior legistatura, negándose a reunirse con los representantes del sector en varias ocasiones, algo que sí ha hecho al recibir en su despacho a los dirigentes de PACMA, por ejemplo.

Desde el seno del PSOE se ha filtrado que se ha pensado concretar una vieja promesa que el ejecutivo de Sánchez hizo a grupos ecologistas y creará «una vicepresidencia de sostenibilidad» para dar «coherencia ambiental» a toda la acción gubernamental.

En noviembre de 2015 Sánchez se comprometió con los líderes de Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, tras una reunión de más de dos horas, a considerar sus demandas de situar al medio ambiente de España en un lugar preferencial del Gobierno Socialista.

¿Qué medidas prometió Sánchez a los ecologistas?

Entre las principales medidas que se pusieron sobre la mesa en aquella reunión, trascendieron la creación de una nueva Ley de Costas para limitar el uso del litoral, recuperar el Observatorio de la Sostenibilidad como organismo independiente, pero, sobre todo, los grupos ecologistas pidieron dinero para sus organizaciones.

La frase que trascendió fue, exactamente, que se considere la biodiversidad como un «bien activo» del país y a incluirla en la contabilidad nacional como ya hacen países como Francia. Es decir, más subvenciones para estos grupos ecologistas que recientemente han propuesto medidas muy restrictivas y prohibicionistas para la actividad cinegética.

Fiscalidad ambiental: que los cazadores paguen y ellos controlen el dinero

Entre ellas, los ecologistas propusieron a Sánchez un documento denominado Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible que proponía que «el disfrute de la Naturaleza en aquellos usuarios que realmente crean un impacto negativo a todo el patrimonio natural de la sociedad española, debe tener algún gravamen fiscal. Se trata de gravar a los titulares de los cotos de caza».

Concretamente, según el texto y teniendo en cuenta que se propone aplicar un tipo impositivo medio de 2 euros por hectárea de acotado, los ecologistas esperan que se recauden 80 millones de euros, una cantidad «que sería muy superior si se ajustan los incrementos a las fincas valladas y a los cotos intensivos».

Con ese dinero, los grupos ecologistas pretenden que sean ellos mismos los que gestionen su destino, como reconoció Asunción Ruiz, directora ejecutiva de Seo/BirdLife, a finales del pasado mes de enero: «Siendo muy poquito dinero para los titulares, podría aportar medios suficientes para, por ejemplo, tener más dinero en el Fondo de patrimonio de la Biodiversidad (…) para abordar la conservación y restauración de nuestros ecosistemas».

En el documento, también podemos leer que los ecologistas quieren ese dinero que pagarán los que más invierten en el medio rural para: «destinarse a un fondo dedicado a medidas protectoras y recuperadoras de los impactos ambientales producidos por las actividades relacionadas con la caza, así como la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad. La recaudación también puede servir para el establecimiento de espacios libres de caza, es decir zonas o espacios donde la caza está expresamente prohibida».

Consulta el documento íntegro en este enlace.