Andalucía cuenta con una superficie arbolada de 4,3 millones de hectáreas, lo que supone el 50% del territorio de la comunidad autónoma
El documento será elaborado por la Consejería de Medio Ambiente con la participación de las distintas instituciones y sectores socioeconómicos implicados. Su texto será sometido al Comité Forestal del Consejo de Biodiversidad de Andalucía, máximo órgano consultivo y de asesoramiento en esta materia, con el fin de alcanzar un amplio consenso.
El Plan Forestal Andaluz, con una vigencia de 60 años, tiene establecidas fases de revisiones periódicas de su cumplimiento. La primera actualización se desarrolló entre 1997 y 2001, tras la creación de la Consejería de Medio Ambiente. La segunda, todavía en vigor, fue aprobada en julio de 2003.
Durante el periodo de ejecución que ahora se cierra (2003-2007), la Junta ha repoblado 47.000 hectáreas, ha mejorado 8.289 kilómetros de caminos forestales y ha logrado la certificación de calidad ambiental para más de 148.500 hectáreas de montes públicos.
Andalucía cuenta con una superficie forestal de 4,3 millones de hectáreas, lo que supone el 50% del territorio de la comunidad autónoma, frente al 35% que representan los bosques, matorrales y pastizales en el ámbito de la Unión Europea. La mitad de esta superficie corresponde a terrenos arbolados, donde destacan las especies quercíneas (encinas, alcornoques y, en menor medida quejigos y robles), con 1,5 millones de hectáreas, y las distintas variedades de pinos, con 817.145 hectáreas.
Este peso físico del medio forestal andaluz tiene su correspondencia en unos importantes beneficios económicos. Un reciente estudio elaborado por la Consejería de Medio Ambiente evalúa en 20.453 millones de euros anuales el valor económico que los ecosistemas forestales representan para la comunidad autónoma. De esta cantidad, el 59% corresponde a beneficios de tipo medioambiental derivados del papel de los bosques en la lucha contra la erosión y como absorbentes naturales de la contaminación por dióxido de carbono. El 25,3% es imputable a los beneficios productivos de la explotación directa de los recursos (madera, corcho, caza, etc.) y el resto al uso recreativo.
