La ACEC aplaude a los consejeros de caza de Lanzarote y Fuerteventura

Según el medio de comunicación La Provincia los consejeros de Caza de los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Andrés Díaz Matoso y Antonio Morales, respectivamente, consideran que la caza debe ser declarada como ‘actividad deportiva’ por el Parlamento de Canarias. También se congratulan que la Viceconsejería del Gobierno Canarias haya hecho coincidir el periodo hábil de caza en todas las islas.


La Asociación Canaria de Entidades de Caza (ACEC) considera un avance significativo que los consejeros sean capaces de promover una medida de tal calado, teniendo en cuenta que el orden jerárquico normativo constitucional y autonómico separa ambas materias, caza y deporte. En opinión de la ACEC, de declararse la caza un deporte, la ley de caza actual pasaría a un cajón. Al mismo cajón al que el Gobierno de Canarias mandó el borrador de anteproyecto de nueva ley de caza de 2012 a instancias de la federación deportiva de caza. Ese borrador de anteproyecto que le daba a los cazadores identidad y libertad de asociación, reconociendo a sus sociedades de cazadores lo que son y hacen por la preservación de la biodiversidad. Por otra parte, los cazadores, al regirse por la Ley del Deporte desaparecerán de Canarias convertidos en deportistas. Con lo cual, la licencia de caza ya no será necesaria, y los cabildos dejarán de recaudar de ella, ya que si el resto de deportistas solo pagan una licencia deportiva, ¿por qué van a pagar los cazadores una licencia deportiva y también una licencia de caza? Además los agentes de la autoridad y servicios jurídicos cabildicios se liberarán de los largos expedientes sancionadores en materia de caza ya que la disciplina deportiva será aplicada por jueces y árbitros. Actualmente la caza está en la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno, conforme la propia Viceconsejera Blanca Delia pasará a Agricultura por orden del Presidente Fernando Clavijo, a tenor de los citados consejeros debería ir a deportes. En cuanto a la unificación del periodo hábil, la ACEC considera atinada la alegría de Díaz y Morales, teniendo en cuenta la carencia de declaraciones de zonas de caza controlada, así como el vacío en los correspondientes planes técnicos de caza, sin nombrar la adjudicación de los terrenos especiales de Lanzarote o la irregularidad de los vedados, entre otras cuestiones conocidas por el Gobierno de Canarias a las que hace la vista gorda. En contraposición, estos cazadores si le reprochan a los consejeros que de cobrarles a los cazadores no se olvidan pero de sus obligaciones y responsabilidades políticas sí. De forma global, la ACEC aplaude a los consejeros de Lanzarote y Fuerteventura en el eje oriental del Gobierno de Canarias por tan encomiables iniciativas. Pero no sabe si les dará tiempo a reparar el desaguisado que ahora mismo tienen en sus respectivas islas. Y, si el arreglo parlamentario supondrá algún beneficio para el común de personas, hábitats y especies, o sólo para los que instan desde una entidad privada a estas magníficas ideas.
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