Andrés Gutiérrez, inhabilitado por desobediencia grave

El pasado viernes recogíamos en nuestra noticia de portada las palabras de Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte, quien intervino en una de las mesas redondas del Fórum del Centro Internacional para la Seguridad en el Deporte (ICSS), celebrado en Ginebra.


El TAD inhabilitó por desobediencia grave durante un año a Andrés Gutiérrez Lara
En este encuentro se reunieron los máximos responsables del deporte de diferentes gobiernos internacionales, así como representantes de diversas federaciones. En estas palabras, que a día de hoy parecen que fueran ajusticiadoras, Cardenal denunció la «ausencia de democracia y excesivo apego al cargo de los presidentes de federaciones». Tras estas declaraciones, y apenas tres días después, el martes a las 12 de la noche el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) inhabilitó por «desobediencia grave» durante un año al presidente de la Federación Española de Caza, Andrés Gutiérrez Lara, tras incumplir las resoluciones administrativas al no convocar las elecciones correspondientes a 2012. La resolución del TAD indica que el presidente prolongó «indebidamente el ejercicio de su cargo» y lo hizo «en provecho propio y no en razón del interés federativo y de las federaciones». El TAD recuerda en su fallo que en mayo de 2014 la Audiencia Nacional anuló el proceso electoral convocado en 2012, por no cumplir la legislación electoral al evitar «un trámite esencial, la elaboración del censo inicial que, a su vez, afectó a la asignación de representantes de las federaciones territoriales en la Asamblea General». Ante el incumplimiento de esta sentencia y después de dos requerimientos, en julio y octubre de 2014, para su ejecución, la Federación de Caza procedió en diciembre de ese año a la convocatoria electoral aunque, según el TAD, lo hizo con la publicación del censo de ese momento, no el de 2012, lo que afectó de nuevo a la composición de la asamblea. Tras esto una serie de federaciones territoriales recurrieron al TAD, que dictó 17 resoluciones en las que se anulaba el proceso y se ordenaba la convocatoria del correspondiente a 2012. En opinión del TAD el comportamiento del presidente «constituye una desobediencia grave al haber desatendido, o simplemente haberse desentendido, del cumplimiento de las resoluciones administrativas en relación con el proceso electoral, situando a la federación y a sus órganos de representación en una situación de provisionalidad que se ha venido prolongando, siempre por actos u omisiones suyas, durante más tiempo del que pueda considerarse razonable». Queda claro, nuevamente, que las actuaciones que se han llevado a cado desde la RFEC no han sido las correctas, ni las acertadas, y ello ha supuesto la intervención de TAD, pero a la vez ha supuesto la cancelación temporal de las elecciones presidenciales, por lo que la resolución de este conflicto vuelve a detenerse en seco. Es algo que se veía venir, dado que la nueva convocatoria de elecciones propuestas desde la federación ya volvió hacerse de una forma poco correcta, por lo que la justicia deportiva ha determinado tomar cartas en el asunto e intentar así de una vez por todas devolver las garantías democráticas y la transparencia a uno de los órganos a los que Miguel Cardenal se refirió el pasado viernes en el Fórum del ICSS.
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