La Junta impugnará 23 preceptos que vulneran sus competencias exclusivas, rebajan los niveles de protección y abren la puerta a usos ahora prohibidos
En líneas generales, los artículos que serán recurridos impiden el desarrollo legislativo de la comunidad autónoma sobre la gestión de los parques, además de impedirle la posibilidad de establecer niveles de protección más altos y afectar a otras competencias sectoriales exclusivas de la Junta, como las de urbanismo.
Entre otras vulneraciones, la ley elimina la potestad de los parlamentos autonómicos de proponer la declaración de nuevos parques; concede más poderes al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que podrá declarar unilateralmente una situación de emergencia medioambiental; extralimita las competencias estatales en la definición de los instrumentos de planificación; vacía de contenido la figura de los planes de ordenación de los recursos naturales, y atribuye en exclusiva a la Administración central funciones relativas a promoción de la imagen exterior, iniciativas en áreas de influencia socioeconómica, concesión de subvenciones.
Además de la invasión competencial que motiva el recurso, El Gobierno andaluz advierte de los efectos negativos que la nueva regulación puede tener sobre la propia gestión de la Red de Parques Nacionales. En este sentido, subraya que le ley abre la puerta a la especulación y a actividades que han estado prohibidas hasta ahora en estos territorios, reavivando debates ya superados en torno a la caza, el uso turístico o los aprovechamientos económicos.
