La ONC, crítica con las CCAA por no permitir un mayor desarrollo de la Ley de Montes

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El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el proyecto de reforma de la Ley de Montes, aunque el nuevo texto aún debe superar el trámite parlamentario para ser efectivo. La Oficina Nacional de la Caza, la mayor asociación del sector cinegético español, ha valorado positivamente algunos de los puntos de la reforma planteada, pero también se ha mostrado crítica con la configuración final de proyecto, que ha eliminado algunos aspectos muy importantes que sí estaban presentes en las versiones anteriores del borrador de Ley. La ONC denuncia que, de aprobarse definitivamente en los términos actuales, se habrá perdido una ocasión histórica para poner en marcha una verdadera coordinación estatal en materia legislativa, ya que aún después de la creación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética (ENGC) España seguirá siendo un caos legislativo don 19 leyes de caza, 19 reglamentos y 19 regulaciones sancionadoras diferentes. Los representantes de los cazadores entienden que la ENGC será un punto de partida muy importante para poner de acuerdo a aquellas comunidades autónomas que así lo acepten, especialmente en lo relativo a las órdenes de veda y la coordinación de la caza de algunas especies como es el caso de las aves migratorias. Es evidente que la caza de la paloma, la tórtola o la codorniz necesitan esa estrategia de caza y conservación común de manera urgente. A pesar de ello, la ONC teme que dicha estrategia nacional se quede en papel mojado y suceda lo mismo que ha ocurrido con la Gestión del Control de Predadores, cuya buena voluntad del Ministerio, como en el presente caso, dio como resultado la creación de unas Directrices Básicas Estatales que incluso fueron aprobadas por Conferencia Sectorial, pero que después de cuatro no han sido puestas en marcha por casi ninguna comunidad y sólo Castilla-La Mancha y Cataluña han secundado el texto. Otro de los aspectos por los que la ONC muestra su disconformidad con la reforma es por la omisión de una disposición adicional que regulaba la responsabilidad por daños de especies cinegéticas en la agricultura y la ganadería, un hecho que, según le consta, ha sido fruto de la presión de diferentes comunidades autónomas para su supresión. En cuanto a la creación del Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca, la ONC va a trasladar al Gobierno la necesidad de ser racionales con su desarrollo, ya que es precisamente el caos legislativo español el que puede hacer que un cazador tenga una sanción grave en una comunidad, por ejemplo por no tener la documentación en el cazadero, y que ello le suponga la no obtención de la licencia en otra CCAA o la no renovación del permiso de armas. Por todas estas cuestiones, el presidente de la ONC, Juan Antonio Sarasketa ha pedido a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que la creación de la ENGC o el desarrollo del Registro Nacional de infractores se coordine desde un órgano diferente a la Conferencia Sectorial, donde sólo participan el Ministerio y las CCAA. Así, ha solicitado la creación del Consejo Nacional de la Caza, órgano donde la administracion pública y los representantes del sector cinegético deben desarrollar reglamentariamente esta ley.