FORO presenta una Proposición de Ley para convertir al lobo en especie cinegética

El diputado de FORO y portavoz de Agroganadería, Juan Ramón Campo, ha anunciado que FORO presentará una Proposición de Ley en la Junta General del Principado para convertir al lobo en especie cinegética «ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Agroganadería frente al problema creado por la absoluta desidia en la gestión de las poblaciones de esta especie en Asturias durante más de una década de gobiernos socialistas y las catastróficas consecuencias que ha supuesto para diversos sectores, como el ganadero, los cazadores, o los criadores de razas autóctonas».


El problema del lobo exige una respuesta urgente, contundente, equilibrada y adecuada lejos del juego a dos bandas que practica la Consejera
«El problema del lobo exige una respuesta urgente, contundente, equilibrada y adecuada lejos del juego a dos bandas que practica la Consejera», ha añadido. Campo ha señalado que «las líneas generales de la propuesta requieren la modificación de la ley de caza del año 89 y el reglamento que la desarrolla, del año 91, para evitar que la conversión en especie cinegética del cánido suponga un coste añadido para los cotos regionales de caza, de forma que se incluya dentro de las especies cinegéticas pero dentro de un estatus diferenciado que legislativamente habilite el pago de los daños por el Principado de Asturias y no por los cazadores». «Aún así, el ahorro respecto a la situación actual, resultaría considerable, puesto que podrían generarse ingresos con los individuos excedentarios, y ahorrarse gastos tanto en costes de guardería, como de indemnización de los daños producidos por el actual exceso poblacional», ha añadido. El diputado ha recordado que «durante el periodo de gobierno de Foro, ya se habían elaborado varios documentos en este sentido en cumplimiento de nuestro programa electoral, tarea que queremos continuar ahora desde la oposición». Campo considera que «no se puede permitir que en una situación tan crítica como la actual para las empresas vinculadas de una u otra forma al medio natural, el exceso de lobos suponga un lastre para las escasas y maltrechas economías de este tipo que aún subsisten en nuestra región». «La búsqueda del equilibrio ideal no puede consistir en que siempre pierdan los afectados, a quienes no se resarce en tiempo y forma los daños, hecho que en sí mismo no constituye tampoco una solución al problema», ha añadido. El diputado recuerda los datos facilitados por la propia Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, en lo que se contabilizan unas 33 manadas de lobos, con un número impreciso de individuos, aproximado a los 300, a pesar de las inversiones en la materia, y esa ha sido la media en los últimos 10 años, a pesar de haberse abatido un total de casi 170 lobos entre 2003 y 2012. «Desde 2003 se han registrado 22.778 expedientes de solicitud de indemnización sin que la propia Consejería sea capaz de precisar el total de la cuantía reclamada, a pesar de que resultan significativos los daños de ciertos concejos, como los 2.427 de Belmonte de Miranda, 1.803 de Ayer, 1.258 de Grado, 1.152 de Quirós, o 1.069 de Proaza», ha denunciado Campo, que considera que estos «datos objetivos reafirman la creciente expansión del lobo hacia la zona central de Asturias y que evidencian la presión ejercida sobre la caza, la ganadería y las razas autóctonas en estos municipios». Para Campo los datos económicos son «escalofriantes». «Desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Lobo, de un total de 20.716 expedientes indemnizatorios aprobados se han abonado 18.824, cuya suma asciende a 6.148.390,89 euros», señala Campo, que asegura que quedan pendientes de abonar 2.292 expedientes, algunos de ellos aún en tramitación, pero 2000 ya cerrados que suman 650.621,07 euros pendientes de abono. «A estos hay que sumar la cifra resultante de cerrar los que están en tramitación y a los que habrá que añadir también los que vayan surgiendo de nuevo, además de innumerables costes no cuantificados, como por ejemplo los de horas extras, dietas y desplazamientos de la guardería destinada a efectuar estos abatimientos durante años», ha añadido. «Podemos concluir por tanto, basándonos en estos datos objetivos que efectivamente no se paga en tiempo y forma, a pesar de las reiteradas promesas en este sentido del ejecutivo regional, y que además la suma satisfecha supera los 7 millones de euros, lo que arroja una media anual de un millón de euros de daños del lobo», señala Campo. «No podemos olvidar la vertiente ecológica, de conservación y equilibrio natural que resulta compatible, puesto que la conversión en cinegética no supone un ataque para la especie ya que la ley de caza y el reglamento que la desarrolla prevén las medidas para la adecuada gestión de las poblaciones de individuos cinegéticos así como su preservación», ha destacado Campo, que asegura que «cuenta además con amparo en la normativa europea, y supone el equiparamiento de Asturias con el resto de comunidades al Norte del Duero en las que la normativa europea permite la caza del cánido en un estatus equilibrado e intermedio, terminando así con una gestión que más que inadecuada podemos calificar de inexistente a pesar de una inversión ingente de caudales públicos».
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