El presidente de ATICA Castilla-La Mancha, Fabián Carbelo, ha expresado su indignación ante la sentencia del TSJCM que prohíbe la media veda en la región correspondiente a la temporada 2007-2008 por desarrollarse de
«forma insostenible» y por tener por objetivo especies de época de reproducción, al estimar en parte el recurso presentado en el año 2007 por la Asociación Castellano-Manchega para la Defensa del Patrimonio Natural (ACMADEN), integrada en Ecologistas en Acción.
La Asociación considera este hecho como un desastre y una catástrofe, por el que
«hay que sacar consecuencias y pedir responsabilidades», ya que además el sector cinegético de la región se verá gravemente perjudicado, cuando ya está tocado de muerte por la crisis.
ATICA CLM señala como único responsable al Gobierno de Castilla-La Mancha porque, por un lado,
«se empeñó en considerar en el Reglamento de Caza a la media veda como algo excepcional, y no como el periodo ordinario de caza de esas especies migratorias, a pesar de que se le dijo una y mil veces que rectificara, y, por otro lado, cuando se interpone un recurso contencioso administrativo, la Administración tiene la obligación de notificar la existencia del litigio a los interesados para que se personen en los autos judiciales que correspondan, sin embargo, nada de eso han hecho, abordando en solitario la defensa de sus actos con tanta desidia como poco interés, como peor fortuna».
Según Carbelo,
«los argumentos de la asociación ecologista están astutamente defendidos porque consideran la media veda de paloma, codorniz y paloma torcaz como algo excepcional, supeditado a que la densidad de sus poblaciones permita su aprovechamiento sostenible». Asimismo, ha señalado que
«hasta el Tribunal considera que la Administración no ha hecho nada para justificar que se da esa realidad poblacional, por lo que anula la media veda».
El presidente de ATICA CLM, también ha querido resaltar que, a pesar de que la Administración
«no ha hecho ni el huevo», tampoco ha posibilitado que los interesados, o por lo menos las asociaciones representadas en los Consejos de Caza pudieran hacer el trabajo que ellos no quisieron o no fueron capaces de hacer.
Por estos motivos, exigen que el Gobierno regional pague por ello, porque son los que han causado este desastre,
«no caben promesas ni buenas palabras, porque esto es algo anunciado, como consecuencia de una administración ambiental que lleva mucho tiempo persiguiendo a los cazadores y dueños de cotos, haciendo oídos sordos a todos lo que se le expone, porque le era muy rentable electoralmente flirtear con los ecologistas».
Así, ha pedido que todos los cazadores y titulares de cotos de la región voten a partidos que defiendan la caza. Además, ha anunciado que no descartan realizar movilizaciones con otras asociaciones del sector para conseguir que se mantenga esta práctica cinegética.
