La reunión estuvo presidida por el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas y la subdirectora de Igualdad, Paloma López-Izquierdo.
La intervención de la presidenta de AMFAR, Lola Merino, despertó gran interés para los representantes de los cinco ministerios que componen el GITIC (Justicia; Economía y Hacienda; Trabajo e Inmigración; Sanidad, Política Social e Igualdad; y el propio Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino), ya que fue la única organización que presentó un elenco de 15 medidas concretas para la elaboración de la futura ley.
El acceso universal a la pensión de jubilación fue una de las propuestas estrella. Merino instó a la administración a llevar a cabo una discriminación positiva de manera que cualquier mujer, independientemente de su edad y del tiempo cotizado, pueda acceder a la prestación por jubilación.
«Aún cuando la trabajadora no haya cotizado el periodo mínimo exigido por la legislación actual, proponemos que dicho periodo sea complementado por el Gobierno español, a fin de corregir esta injusticia histórica».
La presidenta de AMFAR lanzó otro paquete de medidas dirigidas a eliminar todas las limitaciones existentes para acceder a las bonificaciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
«Debemos suprimir los obstáculos existentes a día de hoy por causa de la edad, así como otras limitaciones como que la explotación tenga que ser prioritaria, o que la mujer deba ser agricultora a título principal».
Además, Merino solicitó el abaratamiento del coste de la cotización a la Seguridad Social para las futuras cotitulares, puesto que algunas prestaciones ya quedarían cubiertas por el otro titular, como es el caso de la prestación por orfandad o, sin ir más lejos, la prestación sanitaria.
Merino recordó que la mujer, principalmente en el ámbito de la explotación familiar agraria, comparte con el hombre las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las mismas y aportando tanto bienes como trabajo.
Citó la ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que emplaza a los poderes públicos a conseguir que esta igualdad sea real y efectiva en todos los ámbitos sociales y económicos.
En el artículo 30 de esta Ley, señaló Merino, se recoge la figura jurídica de la titularidad compartida, como medida dirigida a hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario y conseguir el pleno reconocimiento del trabajo de las mujeres en el ámbito rural.
El Ministerio de la Presidencia publicó el Real Decreto 297/2009 de 6 de marzo sobre titularidad compartida en las explotaciones agraria, en el BOE del 26 de marzo de 2009.
«Pero este Real Decreto es sólo la primera medida destinada a dar cumplimiento a ese mandato de promoción y desarrollo de la titularidad compartida de explotaciones, por lo que debe ir acompañada de otras medidas como las que proponemos desde AMFAR con el objetivo de que la titularidad compartida en las explotaciones agrarias y el reconocimiento jurídico del trabajo desempeñado por la mujer en el campo sea una realidad», concluyó.
