El Grupo Popular ha vuelto a interpelar las mismas preguntas al Gobierno ante la escueta contestación, a su juicio en absoluto satisfactoria y que no se corresponde con las cuestiones planteadas
En concreto, las preguntas formuladas eran:
1º.- ¿Es consciente el Gobierno y específicamente en el ámbito de Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de la inseguridad que en determinados aspectos genera la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para la práctica de caza en nuestro país?
2º.- ¿Considera oportuno el Gobierno introducir modificaciones en el texto de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, a los efectos de resolver las inseguridades que ha generado dicha norma para la práctica de la caza?
3º.- De ser así, de estar en proceso una revisión del citado texto, además de modificar las restricciones para el uso de munición de plomo, se incluirían otras:
-Del artículo 45, para reconocer medidas compensatorias cuando existan limitaciones de aprovechamientos tradicionales y de la caza y la pesca.
-Del artículo 52, para establecer con mayor precisión cuándo se prohíbe la introducción de especies, subespecies o razas que puedan causar perjuicios a las especies silvestres autóctonas.
-Del artículo 62, para aclarar de forma precisa en qué supuestos se permite la caza de especies migratorias.
-Del artículo 62, apartado 3.f, especificando en qué condiciones se admiten los cercados y vallados de terrenos vinculándolos a la adecuada gestión de poblaciones, evitando la endogamia.
-Del artículo 62, apartado g, estableciendo una modificación sobre los métodos de captura de predadores en los términos en los que viene recogido en la citada norma.
4º.- En caso afirmativo que esté en proceso una revisión de la citada norma en torno a los aspectos antes señalados, ¿en qué fecha se iniciará la tramitación parlamentaria de la citada norma?
A éstas, la respuesta del Gobierno, con fecha de salida de 2 de diciembre de 2008, ha sido:
«En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que la regulación de la actividad cinegética, que establece la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tiene por objeto asegurar la protección de las especies, en relación con la caza y la pesca continental. Asimismo, asegura el derecho de los cazadores a practicar su actividad en adecuadas condiciones y el mantenimiento de los recursos naturales, permitiendo su continuidad. La Ley es desarrollo de la legislación europea aplicable en la materia y responde a los Convenios y compromisos internacionales adquiridos por España».
El Grupo Popular ha vuelto a interpelar las mismas preguntas al Gobierno ante esta escueta contestación, a su juicio en absoluto satisfactoria y que no se corresponde con las cuestiones planteadas, esperando respuestas a cada una de las preguntas que se formulaban y buscando un compromiso inequívoco del Gobierno en relación a las modificaciones que se llevan reclamando desde hace tiempo por parte de los cazadores.