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Castilla y León

La Federación acusa a los tribunales de «hacer suyos los argumentos de PACMA» y la Fundación Artemisan aclara que se podrá seguir cazando

La Fundación Artemisan refuerza lo que ya publicamos ayer en Club de Caza, la nueva Ley de Caza de Caza de Castilla y León sigue plenamente en vigor y habrá que esperar a lo que resuelva el Tribunal Constitucional en relación a su pretendida inconstitucionalidad. Mientras tanto se podrá seguir cazando en Castilla y León ya que la indicada ley regula de forma expresa las especies cazables, periodos de caza, procedimientos permitidos y prohibidos etc.

05/07/2019 15:14:56 | CdC | Archivado en:  CyL.

Corzo

Ayer informábamos del nuevo revés que han sufrido los intentos de la Administración de Castilla y León por frenar el proceso que puede elevar al Tribunal Constitucional la consideración de inconstitucionalidad de la nueva Leu de Caza en la región.

Hoy, la Federación de Caza de Castilla y León ha emitido el siguiente comunicado, para conocimiento general de la sociedad de Castilla y León: 

Primero:

El Defensor del Pueblo afirma que el mantenimiento de la actividad cinegética en Castilla y León vulnera el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medioambiente adecuado porque no existen estudios científicos que avalen la declaración de las especies cinegéticas, y que la modificación de la Ley de Caza se produce para eludir el cumplimiento de los autos del Tribunal Superior de Justicia que anularon cautelarmente normas administrativas de caza. 

Esta Institución, como la Sala del TSJ, hace suyos los argumentos esgrimidos por el PACMA en la defensa de sus intereses particulares (prohibir la caza, no su correcta regulación), y que no son los del pueblo de Castilla y León, que han sido expresados casi por unanimidad (sólo hubo 10 abstenciones), a través de sus representantes en las Cortes regionales para la reforma de la ley en defensa de la caza. 

Segundo:

Los dos autos de medidas cautelares del TSJ suspendieron el Decreto de Especies Cinegéticas y la Orden Anual de caza sin respetar el principio de presunción de validez de la norma, sin exigir al solicitante de la medida justificación de los perjuicios irreparables que alegaba en su petición y desoyendo a la vez los informes de la Administración sobre el perjuicio irreparable de esta suspensión. Ambos autos se encuentran actualmente recurridos. 

No es cierto que no existan estudios científicos que avalen la actividad cinegética, lo que sí es cierto es que, sin entrar a valorar el fondo de los estudios científicos previos que obran en autos, tanto de los funcionarios de la Junta como de técnicos externos de prestigio internacional, el Tribunal consideró que no justifican el estado de conservación de las especies y por lo tanto la caza. 

Tercero:

Por otra parte, los más de 5000 cotos de Castilla y León están obligados, conforme a la normativa vigente, a encargar la redacción de un Plan Cinegético en el que se definen los ejemplares existentes de cada especie y en consecuencia la extracción que se puede realizar para asegurar su conservación, y estos planes individualizados deben ser aprobados por otro técnico de la Administración de la Junta de Castilla y León para poder cazar en cualquier coto. 

A mayor abundamiento, tanto la Directiva Aves y la Directiva Hábitats declaran las especies cazables, tanto de aves como de mamíferos, permitiéndose así su caza en todos los países de la Unión Europea sin más requisitos, ya que su estado de conservación favorable ya está supervisado por la propia Comisión Europea, que cuenta con un organismo específico que se encarga de ello. 

Tanto el TSJ como el Defensor del Pueblo parecen considerar que Castilla y León no forma parte de la Unión Europea y que sus directivas no le son de aplicación, ignorando todo lo que al respecto indica el Comité Ornis que es en definitiva el encargado de velar por el buen estado de conservación de las distintas especies que existen en Europa. Por otra parte, ninguna Autonomía española realiza estudios específicos concretos y permanentes de las especies. 

Cuarto:

Paralizar la caza en Castilla y León supondría un quebranto para la economía de nuestra región y fundamentalmente de las áreas rurales, la pérdida de numerosos empleos de forma directa e indirecta, un perjuicio incalculable para la agricultura y la ganadería de la región, un problema de sanidad animal por contagio de enfermedades a la cabaña ganadera y daños irreparables para las personas y sus bienes por aumento de accidentes en carretera, a lo que se añadirían perjuicios a la propia fauna, incluida la protegida, por superpoblación. 

Quinto:

Es notoria la necesidad de control de gran parte de las especies cinegéticas, y no existe actualmente alternativa válida a la caza para llevarlo a cabo. Este hecho se conoce perfectamente por todas las administraciones medioambientales nacionales e internacionales promoviéndose en la actualidad el control casi sin límites de las especies de caza mayor y el conejo, en evidente expansión, por los daños que provocan, considerándose en algunos casos incluso como plagas. Es sorprendente y muy preocupante el desconocimiento de esta realidad, puesto de manifiesto en este tipo de medidas radicales e injustificadas contra la caza, por entidades como el TSJ o el Defensor del Pueblo. 

Sexto:

La Federación de Caza de Castilla y León va a exigir al que sea nombrado Consejero de Fomento y Medio Ambiente que arbitre de inmediato una solución definitiva para el desarrollo normal de la actividad cinegética en nuestra tierra a largo plazo, que a nuestro entender pasa por la redacción de una nueva Ley de Caza que evite situaciones tan peligrosas para nuestro medio natural y rural como la provocada por quienes desconocen o no quieren conocer su realidad. Esperamos nuevamente el apoyo de todos los grupos políticos de la Comunidad a esta iniciativa.

Esta es la situación real tras la publicación del auto de fecha 3 de julio de 2019 del TSJ de Valladolid

Para conocer la situación es preciso remontarse al Auto de 21 de febrero de 2019 por el que se adoptó la medida cautelar solicitada por el PACMA consistente en la suspensión del Decreto 10/2018 de 26 de abril por el que se modifica el Decreto 32/2015 de 30 de abril por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas en Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

Contra ese Auto la Junta de Castilla y León interpuso recurso de reposición en el que solicitaba su revocación como paso previo a la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Antes de que la Sala resolviera el recurso de reposición, con fecha 7 de mayo de 2019 la Sala ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad en relación a la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

Considera la Sala que la modificación de la Ley de Caza a través de la Ley 9/2019 puede ser inconstitucional ya que incorpora la declaración de especies cinegéticas, que antes hacía el Decreto 10/2018, y las declara cazables, sin remitirse ya a la orden de caza que tenía que dictar anualmente la Administración (artículo 7 y Anexo I de la Ley), derogando los artículos 1.2, 13, 14 y 15 del Decreto 32/2015 (Disposición Derogatoria) y estableciendo que la caza se practicará conforme a las disposiciones de la ley, en tanto se apruebe el Plan General de Caza de Castilla y León (Disposición Transitoria).

El 23 de mayo la Junta presenta un escrito desistiendo de su recurso de reposición y mediante Auto de fecha 3 de julio la Sala acuerda no admitir el desistimiento por considerar que no beneficia al interés público y además supone un fraude procesal, y le impone las costas a la Junta.

La situación por lo tanto es la siguiente:

  • Contra el Auto de 3 de julio de 2019 la Junta puede interponer recurso de reposición en cinco días.
  • La Sala del TSJ tiene que resolver el recurso de reposición cuyo desistimiento por parte de la Junta no ha sido admitido y contra su previsible desestimación podrá interponer recurso de casación.
  • La Sala tiene que resolver sobre la cuestión de inconstitucionalidad a la que se ha opuesto la Junta y el resto de entidades personadas (Fundación Artemisan y Escuela Ingenieros de Montes), con el resultado previsible de que desestime las alegaciones de las partes y plantee el recurso de inconstitucionalidad.

 

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2 comentarios
05 jul. 17:26
coli
Vamos que en un tiempo no se volverá a poder cazar en Castilla y León. Probablemente la comunidad mas rural y la que mas infiltrados animalistas tiene en sus tribunales. Pero no sera mejor de una vez que nos declaramos todos en huelga y empecemos a dejar de pagar licencias, cotos etc para que esto reviente de una vez y vean cual es el verdadero valor de la caza sostenible.
Tiene narices que se pueda argumentar que no hay estudios sobre la viabilidad de cazar el jabalí o el corzo o el conejo, hay letrados muy bueno en leyes humanas , pero absolutamente ignorantes en leyes naturales.
Para cuando la institución del "DEFENSOR DE LOS DE PUEBLO".
06 jul. 13:03
marmamo
Uffffffff, !Madre mía!, jueces, defensor del pueblo, fiscalía, tribunal constitucional etc., no me lo puedo creer, esto está perdido, todos contra la caza y los cazadores. Y mientras tanto aquí seguimos y me incluyo, sacando licencias, seguros pagar coto etc. SRES, TENEMOS LO QUE NOS MERECEMOS.

 

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