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Golpe judicial a los animalistas: el Tribunal Supremo confirma la legalidad del Plan de Caza del Lobo al norte del Duero durante 2016-2019

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico acusó a la Junta de Castilla y León de cometer ilegalidades en el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos al norte del río Duero en Castilla y León. Este plan de control poblacional del lobo abarcaba desde el año 2016 hasta el 2019, un total de tres temporadas de caza.


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Dicha entidad animalista intentó entorpecer el plan autonómico a través de un recurso contencioso contra la resolución publicada el 29 de julio de 2016. Pero el Tribunal Supremo ha puesto orden ante el capricho animalista.

El Tribunal Superior falló en contra del control del lobo

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había tenido en cuenta el recurso de ASCEL. Fue en diciembre de 2019, lo que anuló el plan citado. Pero la sentencia obligaba también a la Junta a reparar el supuesto daño causado a las poblaciones de lobo mediante un programa de recuperación, conservación y divulgación de la importancia de la especie. Todo con un importe de 842.721 euros.

La Justicia prevalece ante las demandas animalistas

Pero ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha anulado la primera sentencia para declarar la legalidad del Plan del lobo. La sentencia se basa en que “no es necesario que se incluya una motivación específica sobre la conservación de la especie, con estudios científicos específicos y realizados cada año o temporada de caza”. El texto del fallo destaca también que “basta la determinación normativa de su carácter cinegético y la garantía de que la actividad de la caza resultará compatible con un estado de conservación favorable”.

Un duro golpe para los animalistas pro lobo, que también recurrieron el Plan del Lobo de las temporadas 2019 a 2022, y que naufragarán como ha sucedido en esta ocasión.

Aunque esto no cambia la Orden del Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico, que protegió al lobo el pasado mes de septiembre, pero sí que supone un varapalo a los animalistas que intentaban entorpecer la gestión de la especie por parte del gobierno autonómico.

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