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Valladolid

A juicio un Guardia Civil que presuntamente ha sacado armas de una subasta para sus amigos

El juicio para investigar los hechos comenzará el viernes y el juez pide para el presunto autor un año y tres meses de cárcel junto a la inhabilitación de cuatro años y medio.

18/10/2021 14:00:07 | Alba Ruiz Flores | Archivado en:  GuardiaCivil.

Guardia Civil juzgado por sacar armas para amigos

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Será la Audiencia de Valladolid donde se celebre el viernes el juicio con jurado para esclarecer los hechos en los que se ve envuelto el anterior Jefe de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil hasta el año 2018. J.M.Z.P. ha sido acusado de entregar a conocidos y amigos armas de subastas que debían ser destruidas en la chatarra durante los años 2016 y 2017.

Sanción

La Fiscalía de Valladolid acude por tanto al juicio previsto en la Sección Segunda de lo penal hasta el próximo día 29 con la petición ya registrada de un año y tres meses de cárcel para el presunto autor y con una multa además de 3.600 euros. Por otro lado, quedaría inhabilitado durante cuatro años y medio para el empleo o cargo público tras cometerse un delito de negociación prohibida a funcionario.

Comandancia de Valladolid

En el juicio se tratará de esclarecer lo sucedido en cuanto a las gestiones que el acusado realizó tras las subastas de armas que se realizaban una vez al año en la Comandancia de Valladolid teniendo en cuenta además que este agente era el máximo responsable de la Intervención de Armas y Explosivos. Se encargaba de documentar las cesiones, transferencias y guías de pertenencia.

Según sostiene la acusación pública, el presunto autor estaba enterado del estado de las armas que se encontraban bajo su custodia y aun sabiendo que no podía intervenir en las subastas vulneró la normativa y derivó a terceros las armas que no habían recibido una puja en los actos por lo que quedaban desiertas y su destino era ser destruidas en la chatarra.

Tráfico de influencias

El Guardia Civil en teoría contactaba con amigos suyos y conocidos y se encargaba de comunicarles que contaba con determinada arma bajo su custodia por parte de familiares de cazadores fallecidos o que ya no practicaban la actividad. Tras llegar a un acuerdo hacía lo posible por no exponerla en la subasta para que nadie pujase por ella y esta quedase desierta.

Esas armas debían ser reducidas a chatarra, pero el jefe de la intervención de alguna manera era capaz de que acabaran en manos de conocidos.

Traspaso de datos

Para poder hacer la transferencia a los que serían los nuevos titulares, estos firmaban una copia o matriz de transferencia del arma por fallecimiento del titular y así después el agente contactaba con quien deposita el arma y conseguía su firma. Así se elaboraba la tenencia para el nuevo titular legalizando la guía de pertenencia del arma para el amigo o conocido sin que en el escrito del fiscal se especifique si el acusado lo hiciese gratis o llevándose algún beneficio a cambio.

Armas

Mediante este modus operandi el agente de la Guardia Civil había logrado poner en manos de terceras personas tras la realización de una subasta el día 11 de abril de 2016 un rifle Browning calibre .300 WM con un precio de tasación de 1.000 euros y también una escopeta Hispano-Inglesa calibre 16 tasada en 100 euros. Por otro lado, había un rifle Santa Bárbara calibre .300WM tasado en 500 euros.

Estas armas, en vez de haber sido reducidas a chatarra, salieron del depósito de armas y fueron transferidas por el acusado.

Algo similar sucedió tras una subasta celebrada el 23 de octubre de 2017, en esta un rifle Sabatti calibre 300 y una escopeta Beretta del calibre 12 tasados en 700 y 500 euros no recibieron puja y el guardia civil las transfirió a un tercero, siendo este casualmente el mismo que recibió el rifle browning el año anterior.

Juicios anteriores

No es la primera vez que el presunto autor de los hechos se enfrenta a un juicio ya que en enero de 2016 se personó en el banquillo de la Audiencia Provincial tras haber sido acusado de prevaricación, aunque finalmente fue absuelto. Esto ocurrió por haber paralizado en el año 2013 una solicitud para renovar la licencia de caza que presentó un cazador.

La absolución de entre los siete años y medio y diez años y medio de inhabilitación que se solicitaron por el Ministerio Fiscal y la acusación particular se gestó por el tribunal alegando que de lo actuado no se observa una actuación delictiva por parte del procesado.

Absolución

En este primer juicio la Audiencia de Valladolid hizo hincapié en que el cazador no aportó en su momento la documentación necesaria para demostrara la idoneidad del armero que tenía en su casa y ahí comenzaron las gestiones emprendidas por el acusado para subsanar la irregularidad. Llegó incluso a presentarse en casa del solicitante un día 6 de septiembre del año 2013 con una cámara de fotos para capturar instantáneas del mismo.

El tribunal afirmó que el cazador se negó a que el guardia entrase y además rechazó que se hiciesen fotos al armero con la cámara oficial. Por esto finalmente la Abogacía del Estado en abril de 2014 solicitó la entrada en el domicilio de quien pretendía resolver la renovación de la licencia y se constataron así las irregularidades del armero.

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