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Los cazadores portugueses llevan a los tribunales a su Gobierno por prohibir la caza de la tórtola

Las propias asociaciones del sector hablan de que la decisión, tomada repentinamente 15 días antes de la apertura oficial, ha causado graves perjuicios a los cazadores.

13/08/2021 12:58:31 | Alba Ruiz Flores | Archivado en:  Tórtola.

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Así es, las tres principales asociaciones portuguesas inmersas en la actividad cinegética confirman que llevarán al Estado portugués ante los tribunales para poner en su mano el asunto de las pérdidas económicas que se han generado a consecuencia de la prohibición de la caza de la tórtola. Esto se debe a que este cambio se anunció con una semana antes escasamente antes de que se abriese la temporada de caza para esta especie, programada para el próximo día 15 del presente mes.

Asociaciones

Las asociaciones de las que se habla son la Asociación Nacional de Propietarios Rurales (ANPC), la Confederación Nacional de Cazadores Portugueses (CNCP) y la Federación Portuguesa de Caza (Fencaça). Estas recuerdan que el gobierno se encargó de indicar al sector mediante decreto publicado el pasado 10 de mayo que, en Portugal, con respecto a la caza de la especie se permitiría los días 15 y 22 de agosto y los días 5 y 12 de septiembre del presente año durante la mañana hasta las 13:00 horas.

Cambio de planes

Tras esto, el pasado 30 de julio el Gobierno decidió anunciar que a pesar de lo que se dijo anteriormente, la caza de esta especie estaría prohibida en la presente temporada. «Con base en la publicación del calendario de caza, el 10 de mayo se realizaron grandes inversiones por parte de las entidades gestoras de las zonas de caza, que ahora han acabado siendo desechadas por una veda tomada el 15 antes de que comenzara la caza de esta especie. El Estado tiene que responsabilizarse por los enormes daños», comentaba Jacinto Amaro, presidente de Fencaça.

¿Riesgo de extinción?

El riesgo de extinción de esta especie tanto en Portugal como en toda Europa protegido por la Directiva de Aves (2009/147/EC) ha sido la base de la decisión para prohibir su caza por parte del Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), que en los últimos años había sido reclamada por distintas organizaciones medioambientales.

Indagaciones

Las organizaciones mencionadas están investigando para poder realizar «un relevamiento de los daños ocasionados por la prohibición», que servirá para proceder con la acción judicial.

«Todavía vamos a decidir si seguimos adelante con una única acción en nombre de las cinco mil asociaciones, o si seguimos adelante con cinco mil acciones individuales. En este caso, el Gobierno estará respondiendo en los tribunales hace años por su irresponsabilidad», afirmaba Jacinto Amaro.

Desde la federación

Así, el presidente de la federación de caza ha acusado al ejecutivo de «negarse al diálogo e ignorar el sector y sus problemas», para ello ponía de ejemplo el hecho de que «ningún miembro del Gobierno estuvo presente en las reuniones de la Comisión Europea, en mayo de este año, para discutir las cuestiones de la caza de palomas».

Además, explica que sigue sin entender cómo «el gobierno anterior del actual primer ministro siempre ha estado disponible y preocupado por los problemas del sector» y que «el actual gobierno, del mismo primer ministro, ha abandonado la cultura de la responsabilidad y se ha decantado por la cultura de la amistad».

Para él, «el actual gobierno no tiene credibilidad», aprovechando también para acusar al ejecutivo «de estar detrás de animalistas y extremistas del BE y del PAN».

«¿Qué pensará un elector que votó por el PS y su programa de gobierno y ahora ve que lo que se está aplicando es el programa BE y PAN?» terminaba preguntando Jacinto Amaro.

La importancia de la caza

En el preámbulo de un decreto reglamentario de mediados de julio el gobierno adelantaba la creación del Consejo Nacional de Caza y Conservación de la Vida Silvestre para poder así gestionar el sector y considerando que «la importancia e influencia son indiscutibles, directa e indirectamente, de la actividad cinegética en la economía nacional, considerando su capacidad para atraer personas al interior del país, impulsando el comercio, los servicios y el turismo local».

También se habla de que tal actividad permite «la creación de empleo, el asentamiento de la población y la mejora de la calidad de vida».

Así, se revela que actualmente el territorio portugués está prácticamente organizado y que, desde el punto de vista cinegético, «con el 86,3% del área con aptitud cinegética, equivalente a más de siete millones de hectáreas, a cargo de 2728 Zonas de caza asociativas, 1459 Zonas turísticas de caza y 912 Zonas municipales de caza».

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