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Allá donde hay lobos, en contra de la prohibición de su caza

Desde Canarias, Melilla o Baleares votaron a favor de que el lobo se convierta en especie protegida. También desde Cataluña o Extremadura. En frente, Galicia, Castilla y León, Asturias o Cantabria, que no entienden, sin considerar una motivación política, la decisión de aquellas autonomías y del propio Gobierno.

05/02/2021 11:06:26 | Antonio López Espada | Archivado en:  Lobo.

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A pesar de que la normativa es clara y exige que voten todos los directores generales de patrimonio natural de las autonomías, junto a Ceuta, Melilla y el máximo mandatario de la dirección en el Gobierno, el resultado lleva las manos a la cabeza de los que realmente quedan afectados por la medida. Porque no hay lobos en Canarias, Baleares, Melilla, Extremadura.

Una votación que no tiene lógica

La votación, a pesar de esto, arrojó un empate entre las autonomías que sufren los daños que ocasionan los lobos y tienen que pagar las indemnizaciones a los ahora abandonados ganaderos. Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Andalucía, Madrid, Región de Murcia y País Vasco fueron los que se opusieron a la aprobación de la medida.

Frente a ellos, Cataluña, Baleares, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Melilla, y el propio Gobierno. Y se abstuvieron Navarra, Comunidad Valenciana y Ceuta.

Empate, y el Gobierno decide

Ocho contra ocho, ante la ausencia de Ceuta, que demostró lo que otras no hicieron, que el problema no le afecta lo más mínimo y dejó la decisión en manos de los que tienen que decidir.

Pero a esas alturas todos sabían lo que iba a suceder. Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, o el presidente de Ascel, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, sonaron en el eco del voto del Gobierno.

Así te contamos cómo el Gobierno ha conseguido sacar adelante la prohibición:

prohibición de la caza del lobo

Las autonomías afectadas recurrirán

El lobo pasará a formar parte de las especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), pero antes se sucederán recursos que tratarán de evitarlo. Las cuatro autonomías más afectadas por la votación, que congregan al 95% de los lobos que habitan España, anuncian medidas legales y recursos que intenten impedir «una decisión que no tiene ningún fundamento técnico ni científico».

Asturias rechaza la medida

El Gobierno de Asturias, uno de los territorios más afectados por la medida, ha hecho público este comunicado:

-«El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, ha señalado que el Gobierno del Principado de Asturias rechaza«de forma rotunda»la inclusión del lobo en el listado de especies de régimen de protección especial aprobada hoy en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Calvo cree que, si bien desde el ministerio se salvaguarda el Plan de gestión del Lobo de Asturias, la posición«hurta de manera efectiva»la posibilidad de seguir gestionando la especie con garantías en las comunidades que tienen la responsabilidad de garantizar la convivencia del lobo con la ganadería y que tienen que defender a sus ganaderos».

Castilla y León habla de ataque absoluto al mundo rural

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Suárez-Quiñones ha avanzado que planteará una «batalla importante» contra una medida que ha definido como «la aprobación de una propuesta ideológica de una organización ecologista. Ha hablado de ataque absoluto a los intereses del desarrollo rural de Castilla y León y a su ganadería».

Galicia denuncia falta de diálogo por parte del Gobierno

La Xunta de Galicia también ha mostrado su rechazo, tildando el asunto como un «gravísimo problema de gestión para las cuatro Comunidades Autónomas que albergan más del 95% de los lobos de España». Además, critica la falta de diálogo por parte de los representantes del Ministerio. Se trata, como ha comunicado Galicia, de la primera vez que se lleva a una especie al Listado de Protección Especial o en el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber consensuado la decisión.

Los consejeros de Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria han coincidido en anunciar medidas legales para impedir una decisión que «no tiene fundamento técnico ni científico».

 

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