La Ley de Patrimonio Natural impone importantes restricciones a la realización de actividades tradicionales como la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería o los aprovechamientos forestales en estos terrenos, casi todos propiedad de particulares. Estas restricciones no existen en otros países europeos y, de hecho, desde la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, mediante escrito de fecha 20 de junio de 2.007 dirigido a la FACE dice literalmente «las prácticas cinegéticas sostenibles que incluyan la creación, protección y gestión de hábitats apropiados pueden contribuir de manera significativa a la conservación de ciertas especies silvestres. La caza es una actividad que proporciona beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales en diferentes regiones de la Unión Europea, y como tal un instrumento potencialmente importante para promover practicas sostenibles y para asegurar el apoyo local a las medidas de conservación y de gestión».

Nuestra ministra, lejos de reconocer la importancia de la caza y las actividades tradicionales que se desarrollan en el medio natural, lo que pretende es limitarlas en todo lo posible.

Consideramos que en el supuesto de imponerse en aquellas zonas húmedas que forman la Red Natura, deberán establecerse medidas compensatorias para los propietarios o titulares de los derechos . En caso contrario estaríamos ante una expropiación de hecho. Además, debería haberse aclarado qué se entiende por zonas húmedas, ya que no todos los sitios donde hay agua pueden merecer esta consideración.

En relación con la caza de la perdiz con reclamo

No es cierto que se trate de una práctica prohibida por la Unión Europea. En el debate de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso, celebrado el pasado día 20 la ministra falsea la realidad, ya que afirma que la Comisión Europea envió un dictamen motivado a España en relación con la perdiz con reclamo, y que como consecuencia de ello había que prohibir esta modalidad de caza. Esto no es cierto, ya que el dictamen motivado al que alude la ministra, con más de 5 años de antigüedad, quedó archivado, ya que la Comisión Europea no apreció que la caza de la perdiz con reclamo fuera contraria a la Directiva Aves.

Por otro lado sorprende que la Ley 4/89 de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, aprobada con el Gobierno socialista, autorizara la caza de la perdiz con reclamo en su Disposición Adicional Séptima cuando decía: «La Administración competente podrá autorizar la modalidad de la caza de perdiz con reclamo macho, en los lugares donde sea tradicional y con las limitaciones precisas para garantizar la conservación de la especie», y ahora resulte que esta aprobación es contraria a la Directiva Aves, que es nada menos que del año 1979 y que vincula a España desde el año 1986. O sea que en el año 1989 la caza de la perdiz con reclamo era legal y ahora resulta que no lo es.

Debería saber además la ministra Narbona que la Disposición Adicional mencionada fue introducida en la ley precisamente por un senador socialista.

En relación con este tema, la ministra afirma ante la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso que «no se trata de tradiciones sino de directivas europeas que hay que saber desarrollar en nuestro país con las excepciones que esas mismas directivas pueden establecer, pero no con ninguna otra».

Resulta de un tremendo cinismo afirmar esto cuando la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha alterado deliberadamente el régimen de excepciones previsto tanto en la Directiva Aves 79/409/CEE como en la Directiva Hábitats 92/43/CEE, y con la sola finalidad de evitar que los cazadores podamos hacer uso de ellas para autorizar determinadas modalidades de caza, como la perdiz con reclamo.

Si se traspusieran correctamente las Directivas mencionadas se podrían autorizar con carácter excepcional determinadas modalidades de caza tradicionales que constituyen parte del patrimonio cultural de nuestro país, y que debidamente practicadas, no producen perjuicio alguno al medio ambiente.

En relación con la utilización de munición de plomo

Miente la ministra cuando en la Comisión de Medio Ambiente del pasado día 20 de noviembre afirma:

«Es sorprendente, porque la propia Federación Española de Caza llegó como miembro de la Federación Europea de Caza a firmar con las instituciones europeas un compromiso de reducción hasta la eliminación total del uso del plomo en la munición».

El acuerdo al que hace mención se refiere a la eliminación progresiva del uso de munición de plomo en los humedales, no en el resto del territorio. Por lo tanto está mintiendo descaradamente a la Comisión, afirmando que la Real Federación Española de Caza ha firmado un compromiso que no es tal. Por otro lado, nadie ha acreditado hasta la fecha que el plomo sea perjudicial para el medio ambiente en zonas no húmedas. Por ello, países como Suecia han vuelto a autorizar munición de plomo en estas zonas no húmedas.

De acuerdo con la legislación la Unión Europea, no existe ninguna prohibición de utilización de munición de plomo para la caza. En concreto, la Directiva Aves 79/409/CEE y la Directiva Hábitats 92/43/CEE no contienen disposición alguna sobre esta materia.

Por otro lado conviene recordar a la ministra Narbona que su Ministerio se comprometió a colaborar en la búsqueda de soluciones alternativas a la munición de plomo. Desde aquí la emplazo a que informe a la opinión pública sobre lo que su Ministerio ha hecho sobre este tema.

En relación con la utilidad pública y derecho de tanteo y retracto sobre espacios naturales protegidos

Pretende la ministra con su ley que la declaración de un espacio como protegido puede llevar consigo aparejada la declaración de su utilidad pública a efectos expropiatorios. Si el espacio ha sido declarado como protegido es porque su gestión ha sido la adecuada y el premio a ese propietario que ha conservado el terreno es el de declararlo de utilidad pública y su posible expropiación.

Debería de concretarse en qué casos cabe la consideración de utilidad pública, ya que según la ley cualquier territorio podría serlo, ya que todos son susceptibles de tener interés «ecológico, científico, paisajístico o educativo».

Nos encontramos ante un ataque sin precedentes contra el derecho de propiedad.

Si tenemos en cuenta que en cuestiones como la conservación de nuestro lince ibérico, el Ministerio de Medio Ambiente ha demostrado su absoluta ineficacia, uno podría pensar que lo que quiere la ministra es expropiar todas aquellas fincas particulares en las que aún existen lince ibérico, águilas imperiales u otras especies protegidas para poner en marcha sus técnicas de conservación y así seguir cobrando importantes subvenciones «que sirven para pagar a muchas bocas agradecidas». Según nos informa la Comisión Europea, se han destinado más de 40 millones de euros a programas de conservación y recuperación del lince ibérico y, según el propio Ministerio de Medio Ambiente, sus poblaciones se reducen día a día. De hecho en el Parque Nacional de Doñana las poblaciones de lince ibérico han disminuido hasta extremos en los que se piensa que será irrecuperable. Paradójicamente en fincas privadas, y gracias a acuerdos de colaboración entre sus propietarios, sociedades de cazadores, y organizaciones no gubernamentales, las poblaciones de lince van en claro aumento.

Todos sabemos que a la ministra no le gusta la caza ni los cazadores. Aunque tampoco parece que le guste todo lo que está relacionado con el mundo rural. Si saliera de su despacho y pisara, aunque sea un poco, el campo, probablemente vería las cosas de otra manera.

Madrid, 21 de noviembre de 2007

 

Fdo. Andrés Gutiérrez Lara