Pero el problema es que demos un paso atrás y se vuelva, como ya han dicho en medios parlamentarios del partido en el Gobierno, a la redacción interior en su trámite definitivo en el Congreso, con lo que se darían por buenas la presiones hechas desde el Ministerio de Medio Ambiente por la ministra Cristina Narbona y su equipo. Y si eso sucediese, el mundo venatorio no se va a quedar con los brazos cruzados y ya hay una reunión convocada para los próximos días 23 y 29 de noviembre, continuación de la celebrada en Madrid el pasado lunes y en la que estuvieron presentes los representantes de todos los sectores: ASAJA, (Asociación de Jóvenes Agricultores), AFEC (Asociación de Fabricantes Españoles de Cartuchería), ADEMAC (Asociación por la defensa de los cazadores y el medio ambiente), Maxam Outdoors, APROCA (Asociación de Productores de Caza), La Real Federación Española de Tiro Olímpico, Oficina Nacional de la Caza, AMATIR (Asociación Española de Maestros Armeros Tiradores de Plato), GEA (Grupo de Empresarios Agrarios), FIDA (Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental), CIC (Consejo Internacional de la Caza, Delegación Española), Club de Monteros, Asociación Armera, Mutuasport, Teófilo de Luis, diputado del Partido Popular, Javier Sopeña, Senador portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Medio Ambiente, Javier Pagoda, Senador del Grupo Popular y otras personalidades de relevancia del mundo cinegético.

El Partido Popular consideraba «absolutamente imprescindible modificar la ley en el trámite del Senado», mientras que la Real Federación Española de Caza presentaba una serie de alegaciones para evitar que los derechos de la gente de campo y de los cazadores se viesen mermados. Con ese fin se convocaba por la RFEC una reunión de representantes del sector cinegético y del mundo agrario. La respuesta consensuada esta misma semana fue contundente: «Si es preciso, haremos una gran concentración en la calle para frenar las imposiciones de la ministra Narbona». La manifestación movilizaría a los cazadores para avanzar, o al menos para no retroceder, en sus derechos.

El presidente de la RFEC, Andrés Gutiérrez, manifestó que quizá «debíamos haber hecho esto antes para hacernos valer, pero no es tarde para parar tantas mentiras de la ministra sobre nuestro sector».

A las palabras de Antonio Pérez Henares, portavoz de la RFEC, en que advierte que «es una batalla sobre el medio rural y el territorio, y que con esta Ley lo que haríamos es hundirlo», el propio PSOE reconoce que el texto que recoge el Proyecto «es ambiguo y que han de hacerse modificaciones». El texto afecta de forma negativa a cuestiones esenciales, y las pretensiones deseables demandan que se recoja expresamente a la caza y a la pesca y otros aprovechamientos tradicionales como compatibles con la Red Natura 2000, que legaliza restricciones y limitaciones a estos usos. «El campo tiene manos que lo han cuidado y cuidan desde siempre y somos nosotros quienes lo estamos defendiendo», comentaba Henares, quien refería el hecho de hacer las cosas bien desde este momento para que las repercusiones marquen un antes y un después.

Demasiadas restricciones

Tan restrictiva e insegura se muestra la Ley, que Teófilo de Luis, del Grupo Parlamentario Popular, considera que no está correctamente definida, lo que induce a contradicciones porque «la caza en este texto no se estima como una herramienta de crecimiento económico». También se denuncia que atenta contra la propiedad privada multiplicando un intervensionismo ambiguo que cualquiera puede interpretar a su manera, con la consiguiente confusión e indefensión provocada por las lagunas que deja la norma. El régimen de excepciones previsto no es de aplicación a las aves en periodo de celo, reproducción y crianza, cosa que según la RFEC debería ser idéntica a la prevista en la Directiva de Aves. Sobre la autorización para el control de predadores el Estado no puede imponer a las Comunidades Autónomas que expida una acreditación individual para autorizarlo, ya que corresponde a la propia Comunidad determinar los requisitos para ello. Sobre el uso del plomo, todos están de acuerdo con la prohibición o tenencia y uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo se refiera sólo a humedales que estén en la Lista del Convenio relativo a los Humedales de importancia Internacional, pero nunca a otros, a los terrenos de la Red Natura 2000 o a los espacios naturales protegidos, ya que con ellos se daría fin a la caza en casi un tercio de nuestros territorios. El Senado ha paliado con las modificaciones aceptadas este grave problema, pero ¿se mantendrá así en el Congreso?

Además, otro de los frentes abiertos hace referencia a los agricultores. Pedro Barato, Presidente de ASAJA, uno de los más importantes sindicatos agrarios, se sumaba a la convocatoria de una concentración para reclamar nuestros derechos, ya que asegura que la nueva norma deja las manos libres a la Administración para expropiar terrenos en las zonas correspondientes a la Red Natura, al tiempo que propuso que sin perjuicio de cada uno en su sector, es imprescindible una sola cabeza que coordine las actuaciones en general.

Todos estuvieron de acuerdo en su propuesta siendo nombrada la R.F.E.C. la encargada. Por su parte, APROCA también apoyaba la manifestación, que tendría lugar a principios de marzo, tras el cierre de la temporada, manifestando su postura en contra de la ley ahora en trámite parlamentario, ya que considera que «limita de forma importante los derechos de la propiedad», según las palabras de Ricardo Ayala, presidente de la Asociación. En el mismo sentido se manifestaba el Presidente de la Oficina Nacional de la Caza, Juan Antonio Sarasketa, quien manifestó claramente que esta ley era un ataque frontal al campo y a los cazadores.

En resumen, todos los sectores siguen expectantes el desarrollo del debate sobre la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. El día 22 se sabrá qué depara para la caza y cuál será la respuesta de los afectados.