Captiva nº 9
La realidad de la caza en Canarias
En Canarias la caza es claramente social. Los terrenos de caza controlada son los que mayor extensión poseen, estando la gestión encomendada al propio Cabildo insular correspondiente (homólogo a las diputaciones peninsulares, pero con mayores competencias) o a través de una adjudicación a los cazadores.
Juan Miguel Sánchez Roig
Este último formato, por diversas circunstancias, cada vez es menos usado. Sólo una isla conserva los terrenos de aprovechamiento cinegético común. Los cotos, en su mayoría, son arrastrados de la Ley de Caza de 1970 a la actual, estando muy en entredicho su legalidad y gestión. Tres de las siete islas cuentan con acotados en los que se paga, en algunos de ellos, tarjetas desproporcionadas a la realidad de posibles lances y cupos de capturas. En general, los cupos de capturas no son de media superiores a los cuatro conejos y tres perdices por cazador y día. No está permitida la caza con escopeta del conejo por estar en franca regresión. La tórtola y la codorniz están vedadas, según islas. Únicamente, la caza de paloma bravía no tiene límite de capturas.

Los aproximadamente 20.000 cazadores canarios pueden ejercer la actividad con el pago de licencia de caza, seguro y tarjeta de caza controlada, con precios que oscilan entre los 50 y 200 euros, dependiendo de modalidades de caza y Cabildos. Es un formato ideal de caza libre y permite el acceso a prácticamente cualquier ciudadano que lo desee, pero acusa grandes deficiencias debido a la ineficacia administrativa.


La administración de la caza

En Canarias está en vigor la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (una mala adaptación de la Ley de Caza de 1970) que desde el primer minuto de su publicación tiene grandes deficiencias. El Gobierno regional transmitió las competencias en materia de caza a los Cabildos insulares y éstos aplican la obsoleta ley según interpretación particular. No existe la coordinación real entre Cabildos y Gobierno, ni éstos tienen personal dedicado en exclusiva a la caza. De esta forma, los más de 1,6 millones de euros anuales pagados directamente en tasas por los cazadores no revierten en acciones para la caza en los presupuestos generales de las distintas administraciones, lo que conlleva a una degradación paulatina de la actividad.

Por otra parte, aunque la Ley de Caza contempla la redacción y aprobación de planes insulares de caza y planes técnicos de caza para las zonas de caza controlada, la mayoría de Cabildos carecen de estos documentos de ordenación. Esto se transforma en una improvisación continua en la gestión de los recursos cinegéticos, basados en pareceres y criterios superfluos adaptados al momento, según la presión generada sobre el político de turno, aún contando con plan de ordenación.

En otro orden de cosas, la preocupación de las distintas administraciones insulares bajo la supervisión del Gobierno canario en los consejos regionales de caza, de donde sale la orden de vedas, es cuando se levanta la veda en la isla contigua para así, ésta, hacerlo a la misma vez, con el fin de que no se sobrecargue de cazadores foráneos su isla, aunque son todos canarios, cuando lo más importante a tratar serían los ciclos biológicos de las especies, marcando las pautas para los periodos hábiles de caza. Por cierto, ciclos poco estudiados y no adaptados a la realidad, según los exiguos documentos técnicos al alcance de los cazadores. La única isla que gestiona el asunto de la entrada de cazadores de otras islas con cierta dignidad es El Hierro, de la que podían tomar buena nota otras administraciones. Mejorando el sistema y, de esa forma, recaudar fondos, ya se pagan, del libre movimiento interinsular y externo de los cazadores para revertirlo de nuevo en el campo.

Otro de los caballos de batalla son los diferentes registros existentes. Por ejemplo, en la lucha contra los furtivos es básico mantener actualizado los diferentes registros de infractores de caza. Sin embargo, el único al día es el de Tenerife. Las anotaciones de Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura son irrisorias y, en La Palma y El Hierro, inexistentes.

Siguiendo con los registros, las sociedades de cazadores se rigen por registro deportivo autonómico, por lo tanto, no se les reconoce su labor como entidades de custodia para el Patrimonio Natural Cinegético. A esto se le suma la descoordinación de actuaciones llevadas a cabo en el medio natural y la dejadez en la fiscalización y control, pudiéndose encomendar dicho registro a una consejería con conocimientos en la materia, medio ambiente. Se espera que el reciente creado registro de cetreros no siga los mismos pasos de los otros registros, entre otros motivos, para que no se queden sin cazar la presente temporada por no estar inscritos en los correspondientes insulares.

La vigilancia para el sector es insuficiente. El SEPRONA cuenta con muchas competencias. La policía autonómica, en la que se tenía grandes esperanzas, no se dota de efectivos a causa de la crisis económica. Los pocos guardas de caza autonómicos vienen justificando la autoridad ostentada, respaldados por las últimas sentencias judiciales que la avalan. Por último, al cuerpo de agentes de medio ambiente encomendado a las labores de policía cinegética se le deja morir, no cubriendo las vacantes ni potenciándolo, cuando, en la normativa aplicable, se dota de servicios mínimos para la caza que no se cumplen.

Podría seguir con cosas tan curiosas como la obligación por Ley de federarse en federación deportiva y tener sesenta socios federados desde las sociedades de cazadores para ser entidad colaboradora de la administración, cuando para el ejercicio de la caza no es necesario estar en posesión de licencia federativa, costando un buen pico a los cazadores ese documento y no repercutiendo en el campo.

También, hay que hacer hincapié en la falta de programas sobre formación, educación, concienciación e información del colectivo por parte de las administraciones, lo que conlleva, entre otras cosas, a la manipulación de los cazadores por los avispados contadores de milongas de un río revuelto lleno de pescadores. O, debería haberme centrado en las sueltas ilegales que tanto daño hacen a la genética de las especies y son foco de transmisión de enfermedades y parásitos. O, tal vez, en el sustitutivo a la caza representado en la multitud de campos de adiestramiento con el fin de la recaudación, muchos de ellos al límite de la legalidad, al margen de informe técnico competente y del sentido común, otros fuera de todos los nombrados.

Todas estas cuestiones y muchas más han sido puestas en conocimiento desde la ACEC a los responsables mediante diversas acciones, dando alternativas viables. En contraposición, el inmovilismo de las administraciones para tomar decisiones es muy alto.

Por todo ello, es necesario que los mandatarios pasen de una vez por todas a la acción diligente por el bien común. Para que el formato de caza social en Canarias, envidiado en otras latitudes, sea sostenible en el tiempo para los cazadores y las especies de fauna silvestre, eje de todo este apasionado mundo de la cacería, difícil de comprender por el que no pertenece a él. Haciendo caso omiso a los criterios de los lobbys existentes sesgados hacia su propio interés particular y recordando: “La tierra Canaria es fértil y agradecida; a poco que se haga, da sus frutos”.