Captiva nº 5
Las armerías y sus controles
Un viejo amigo mío, el doctor Carlo Peroni, presidente de ANPAM, la patronal italiana de la armería y más tarde presidente del World Forum, en unas conversaciones sobre nuestras propuestas que luego formaron parte de la Directiva de Armas y en el que estábamos presentes las patronales europeas de armas, nervioso, ante el cariz intervencionista de ciertos proyectos de la normativa europea, me dijo: «Pedro, en lo que te estás equivocando es en que no es lo mismo la administración del norte que la administración del sur».
Pedro Morrás (Federación Sectorial Armera)
Me hablaba desde la experiencia y después de sufrir, en sus propias carnes, cómo normas aparentemente sensatas se volvían en auténticamente kafkianas en manos de funcionarios "del sur".

Sintiéndonos orgullosos de nuestro país, debemos reconocer que, a veces, la Administración se pone en plan "del sur" y nos vuelven locos con normas que, sobre el papel, son absolutamente naturales y sensatas.

Y el origen de todo ello está en la falta de naturalidad con el que la Administración ve el comercio de las armas deportivas y la práctica de la caza. La Administración española no entiende que ciudadanos serios y sensatos tengan armas en su poder, frunce el ceño ante nuestro deporte, convencida de que alguna intención tortuosa y maligna tiene que residir en españoles armados y, por lo tanto, hay que tener un control exhaustivo de sus movimientos, de lo que hacen, de lo que no hacen, de lo que tienen, de lo que venden, de cuántas armas tienen y para qué las tienen. La sospecha es la regla del control sobre los cazadores y quien tiene que ejercerlo, para la Guardia Civil, es el armero.

En nuestro país, el control sobre las armas y municiones recae de forma casi exclusiva en este señor llamado armero. Él tiene que controlar lo que se importa y compra, lo que se almacena y lo que se vende y a quien se vende. Y nadie se queja de ese ingrato papel, asumiéndose como parte del negocio. El problema es cuando el supervisor de esta función, la Administración, confunde los medios utilizados con los fines perseguidos.

El armero español asume de buen grado la llevanza de unos registros minuciosos que deben cuadrar al milímetro y que, cuando no lo hacen, la autoridad administrativa, en este caso la Guardia Civil, presume que se pretende delinquir u ocultar algo, olvidándose de que todas las actividades humanas están sometidas a error, aunque sea meramente aritmético o de hecho, y que la perfección absoluta no existe.

En los últimos años, pongamos que veinte, el número de condenas penales a los armeros es inexistente, por lo menos no me consta ninguna que tenga algo que ver con el control de armas y municiones, a pesar de estar metido de lleno en el día a día del mundo del armería, lo que evidencia la ejemplaridad de nuestro gremio; sin embargo, el número de sanciones a las armerías son incalculables.

No saben los cazadores que si el armero se ha dejado un par de rifles fuera de la caja fuerte para realizar unas comprobaciones, será multado, si ha dejado un momento la cámara acorazada abierta, en el trasiego de sacar y meter algún producto, será multado, si se equivoca entre quinientas referencias y apunta un sólo dígito erróneo en su libro de entradas y salidas de armas, será multado, si tiene una inspección y existe un descuadre en su libro registro de, tan sólo, una caja de balas, será multado; sin embargo, no conozco ninguna actividad humana libre de errores y, en nuestro caso, cuando los cometemos, aunque sean meramente de papel y bolígrafo, se multa al armero añadiendo serias dificultades y poniéndole en importantes aprietos en un negocio ya difícil y con una crisis importante.

El control administrativo y de papeleo, al que se obliga al armero, es tremendo y éste asume unos costos que en cualquier otro negocio serían, como en parte lo son en el nuestro, ruinosos; pero lo terrible es la constante presunción de culpabilidad en la gestión diaria del armero y no conozco gremio más honrado y serio que el de la armería.