El Luchadero

Ley de Montes

Están esperanzados los cazadores con el contenido del borrador de la futura Ley de Montes. No en vano reivindicaciones históricas del colectivo están a punto de solucionarse. Lo suyo ha costado. Así y todo la Oficina Nacional de la Caza, partícipe importante de esta iniciativa, ha aportado en positivo alegaciones que hagan más viable el proyecto.

21 abr. 2013 - 3.703 lecturas - No hay comentarios

Se trata de incluir entre otras iniciativas un artículo que otorgue el uso exclusivo del monte al titular del acotado, en el momento de una batida, gancho o montería. Pretende en definitiva evitar accidentes, ante la invasión de grupos de seteros en las manchas autorizadas. De siempre los seteros han campado por sus reales y nadie les ha dicho nada. Sin embargo las especies mayores han ido a más ostensiblemente y en consecuencia el número de batidas se ha incrementado. Incluso por exigencia expresa de la Administración, con el único fin de regular las poblaciones silvestres, evitar accidentes de circulación y daños a la agricultura.

Los cazadores pagan religiosamente a los propietarios de los terrenos por el aprovechamiento cinegético y todo aquello que suponga restringirles los medios se me antoja una incompatibilidad legal. De hecho existen cada vez más municipios que acotan sus terrenos para que el personal que pretende recolectar setas, incluso caracoles, pase por la vicaría con la tela por delante. El monte nunca ha sido de todos, por mucho que algunos tengan ese concepto desde antaño. Hasta el último rincón más recóndito tiene propietario, incluso nombre. Otra cosa bien distinta es que por los caminos de herradura se pueda transitar respetuosamente.

Puede que los seteros tengan sus derechos en los montes públicos —no en los privados—, así que procede regular esta actividad, ni más ni menos como se hace con otras. Lugares y días hay para todos. Simplemente habría que reservar determinadas manchas el día que se va a dar una batida debidamente señalizada. Una o dos al año.

Más preocupa si cabe la recuperación de la perdiz roja con unas poblaciones bajo mínimos en muchísimos lugares a consecuencia de la deshumanificación del campo. La Oficina Nacional de la Caza dispone ya del dosier elaborado por el IREC durante tres años que certifica fehacientemente que varios productos fitosanitarios con los que se trata el cereal son letales para las especies granívoras. Procede pues tomar medidas al respecto. La estrategia la tiene ya diseñada la Oficina Nacional. Los agricultores no tienen culpa alguna, se limitan a utilizar lo que el mercado les oferta, supuestamente con el visto bueno de la administración. Pues eso, mata más la receta que la escopeta.