25 jul. 2013 8:47

«Cuando el tonto coge la linde…»

Esta frase tan popular, utilizada a diario en toda España, no tiene ningún contenido despectivo ni ofensivo, sino que es empleada para designar las manías u obsesiones que cada uno de nosotros podemos tener en mayor o menor grado.

Algunas personas, entes públicos y privados tienen como obcecación persecutoria la caza y todo lo que rodea a esta actividad y, a la menor oportunidad que se les presenta, cargan contra esta tradición intentando imponer su ilógica sin importarles las repercusiones sociales y/o ambientales que puedan desencadenar.

Seretse Khama Ian Khama, exmilitar y actual presidente de Bostwuana, es uno de estos personajes que siguen la linde comentada. No hace mucho sorprendió a todo el mundo con la noticia de la suspensión de la caza deportiva en dicho país africano, afectando no sólo a quienes tienen arrendadas sus concesiones de caza (éstas que el propio Gobierno pone en puja), o a los cazadores que habían reservado sus safaris, sino que también afecta a sus propios residentes. Así, con esta medida para «salvaguardar la vida silvestre», ha prohibido también la caza a los bosquimanos, la tribu más antigua de la nación, cuyo principal sustento es la caza tradicional.

Por otro lado, hace escasos días, el Tribunal Supremo ratificó la prohibición de cazar lobos al sur del río Duero, anulando el plan aprobado por la Junta de Castilla y León en 2008 que permitía la caza y captura de manera deportiva de este animal más allá del límite fijado por las normas comunitarias y estatales. La intervención de Ecologistas en Acción, quienes recurrieron el plan propuesto por la Junta castellanoleonesa, ha provocado el arrinconamiento del control selectivo de una especie que está causando cuantiosos daños en la autonomía, teniendo que ser los celadores los encargados de eliminar a los ejemplares conflictivos. Esta labor de control y gestión está originando unos importantes gastos con infructíferos resultados, mientras que este mismo cometido realizado por cazadores bajo la supervisión de los mismos celadores tendría unos substanciales beneficios para las arcas de la Administración y para las comarcas rurales donde se pudiera desarrollar esta actividad.

Siguiendo con esta línea de actuaciones en contra de la venatoria, resalta la ilógica política de control de poblaciones y autorizaciones de caza que está llevando la Generalidad catalana. Con sus medidas proteccionistas sobre fauna cinegética (o más bien, en contra de esta práctica), está provocando que las poblaciones de ungulados silvestres, especialmente jabalí, hayan aumentado en las zonas periféricas de los casos urbanos. De esta forma, son muchas las noches que estos suidos deambulan por las calles de la poblaciones catalanas originado problemas de tráfico. Paradójicamente, el gobierno catalán ha tenido que recurrir a los mozos de escuadra para abatir dichos animales, causando en algunos casos desagradables accidentes, como el ocurrido el pasado mes de abril, cuando un agente hirió de bala en la pierna a otro compañero al intentar dar muerte a un cochino que deambulaba por Barcelona.

Esta serie de despropósitos reseñados son el producto de una corriente anti-caza que se está imponiendo entre una sociedad cada vez más urbanita, reforzándose gracias a la complicidad y atención que le están dedicando los mandatarios de las diferentes administraciones, cuyo único afán es crear cortinas de humo para desviar la atención de los graves problemas que han generado sus incompetentes políticas.

Seamos cautos, pues como dice este refrán de nuestro rico lenguaje español; «Cuando el tonto coge la linde…».