Por Derecho

Caza y administraciones: predicar y dar trigo

La caza es una actividad que mueve en España decenas de miles de puestos de trabajo y desde luego es un factor de dinamización de las economías rurales. Para que lo entienda todo el mundo, en pueblos como Terrinches, Albaladejo, Montiel, o Fuencaliente (Ciudad Real) no hay otra fábricas, industrias, ni playas, ni siquiera ciudades de las ciencias.

27 may. 2014 - 2.461 lecturas - No hay comentarios

Hasta la fecha, que yo sepa, no se ha inventado nada que permita pensar en sustituir los miles de jornales, las toneladas de trigo, maíz, gasoil, etc… que se invierten en atraer grupos de extranjeros y nacionales que asisten a ojeos y monterías.

En los últimos años las administraciones han asumido este discurso y entienden como lo hizo el Consejo de Europa que la caza es un recurso más. La Resolución 882/1987, de 1 de julio, del Consejo de Europa, y la UICN (Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza), reconocen la contribución de la caza al mantenimiento de la biodiversidad y al desarrollo económico de las áreas no urbanas y zonas rurales desfavorecidas.

Sin embargo, mientras por un lado se repite este discurso, por otro, se sigue mirando con lupa y con las cataratas del prejuicio y el sectarismo. Un ejemplo: Madrid, finca privada, coto de caza que tiene autorizado un gancho para jabalíes por daños a los cultivos. Se reúnen doce cazadores para batir una pequeña mancha. Se personan cinco agentes forestales en tres todo terrenos. Un agente por cada dos cazadores. Más vigilancia que en cualquier botellón con miles de personas o en una fiesta del Madrid Arena donde por protocolo era un vigilante por cada doscientas personas. ¿Cómo se explica este exceso de celo? ¿Cómo se entiende este derroche del dinero de los contribuyentes?

Albacete, Castilla-La Mancha, el hallazgo de un ave tiroteada, supone —lógicamente— la apertura de un expediente sancionador. El problema es que, suponiendo que para que no quede impune, se inculpa a un titular de coto que no tiene relación alguna con los hechos y cuyos terrenos distan un kilómetro de donde está el animal. La broma son ciento sesenta mil euros. Cien mil de sanción y sesenta mil por la pérdida del animal. El caso es que el animal está vivo y al parecer totalmente recuperado. No existe relación alguna con los hechos. Repito ninguna. Contrastable. No hay más que conjeturas, hipótesis y prejuicios entre este ciudadano y los 160.000 euros de multa. Como en el caso del Equipo A ha sido acusado por un hecho que no ha cometido. ¿Hay derecho a esto?

2013 ha sido también el año de las inspecciones de trabajo en las cacerías. Nada que objetar al fondo. Mucho que decir sobre las formas y sobre todo los efectos. La caza no puede ser ajena a las obligaciones del resto de los españoles. Está claro. Pero también es evidente, que la caza es una realidad heterógena, transversal, en la que hay gente de cien mil raleas y actividad comercial y no comercial. Gente que la entiende como deporte y otra como negocio. El caso que la acción inspectora, de facto, ha supuesto una parálisis de la actividad en muchos lugares. Perreros, organizadores, cazadores, muleros… han visto irrumpir como un elefante en una cacharrería a inspectores y guardias civiles pidiendo papeles. El efecto, devastador. El motivo, la inseguridad jurídica que se ha generado. Un lío vamos. ¿Y quién va a pagar los platos rotos?

Dentro de la propia Administración, hay quienes critican esta actuación elefantil. Creen, como yo, que primero hay que informar, después informar, y sólo después sancionar. No está el horno para bollos, ni la economía del país para estas sarracinas. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que está ocurriendo. Decir que la caza forma parte del desarrollo rural está bien, pero yo postulo el predicar y dar trigo. Obras en lugar de razones. Pues eso.


Publicado en la revista Trofeo de mayo de 2014