Por Derecho

20 sep. 2010 18:16

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Derechos y ¿matices?

Ya están listas las conclusiones del Observatorio Cinegético de la RFEC. Nos fuimos a Archidona de la mano y con la colaboración de la Federación Andaluza de Caza. Esta vez tocó debatir sobre venenos.

En el observatorio dijimos alto y claro no al veneno en el campo; tolerancia cero al huevo de estricnina; al cebo envenado de ardicab o cualquier otra sustancia asesina; no al riesgo de matar sin control e indiscriminadamente. Sin embargo, cuando organizamos esos foros desde la federación española, la idea era promover el debate en libertad, huir de los tópicos y de lo que todos ya sabemos, y no repetir lo mismo que ya hemos oído en todas la mesas redondas de todas las jonadas del país en la que se habla de estos temas. Huir de la corrección política.

Por eso, tras un rotundo no al veneno y a los envenenadores, también se oyó en Archidona un no firme a las prácticas administrativas sancionadoras poco respetuosas con derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Lo he escrito ya en varias ocasiones. Lo escribiré y lo diré públicamente cuanto sea necesario: el fin no justicia los medios y en la lucha contra el crimen —el veneno lo es— no puede valer todo. Al menos mientras siga rigiendo el estado de derecho. Son las reglas del juego.

La responsabilidad objetiva del titular del coto por el hallazgo de cebos envenenados en los terrenos que titulariza y que consagran los artículos 22 de la Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y el artículo 33.2 de la Ley de la Flora y Fauna de la Naturaleza, es lisa y llanamente inaceptable desde el prisma de la presunción de inocencia.

Los artículos citados son el fruto de una desconfianza ancestral de la administración en el cazador. Criminalizan, queriéndolo o no, la titularidad de un coto. Responsabilizar al titular de un coto y sancionarle por no «desplegar las medidas necesarias para evitar la colocación de venenos» en un terreno de 3.000 hectáreas es sencillamente un atropello jurídico.

Esto es tanto como responsabilizar a un alcalde por el envenenamiento de perros en sus calles o a una comunidad de vecinos por el hallazgo de un cadáver en el rellano de la escalera. Lo dicho, una extravagancia legal. Y esto mismo que comentamos en los bares, en nuestras reuniones, en nuestras tertulias, y en nuestras partidas de caza, era también un atropello no haberlo dicho antes alto y claro a los representantes de la Administración.

Corno cazador soy consciente de que es preciso castigar a los culpables. Imprescindible. Ineludible. Como ciudadano, considero que es necesario que no se castigue a un solo inocente. Y los derechos, queridos lectores, no entienden de matices. No saben de regates: se respetan o no.