Esperas equivocadas

El artículo 24 de la Constitución, que reconoce el derecho a la defensa, es utilizado en prácticamente todos los recursos que se interponen ante los tribunales, ya sean penales, civiles, laborales o, como en éste caso, contencioso- administrativos.

Luz Alonso | 12/03/2009

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La sentencia comentada en esta ocasión es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para resolver un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, en la que se sanciona a un cazador por realizar una espera nocturna al jabalí en un coto de caza distinto al autorizado y usando productos atrayentes. El cazador solicita que se anulen y se dejen sin efecto las sanciones de multa de 150.000 pesetas, la pérdida de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla por un periodo de un año, como responsable en concepto de autor de infracciones administrativas tipificadas en el artículo 75.4, 9 y 36 de la Ley 4/1.996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León.

Cambios del informe ampliatorio

En la denuncia inicial no se hacen constar los elementos de los tipos ilícitos

Toda la base de la argumentación que formula para impugnar la resolución recurrida gira sobre un único y exclusivo eje, cual es la falta de acreditación de los hechos objeto de la sanción que se le imputa, al entender que en la denuncia efectuada por la patrulla de Guardia Civil no se recogen dichos hechos y, en particular, que no se acredita con ello la utilización de medios atrayentes para la caza, como lo es el gasóleo, circunstancias que sólo se constatan, según sus alegaciones, en el informe ampliatorio que se produce en fase de instrucción del expediente, lo que, a su entender, le ha causado indefensión.

Sostiene que dicho informe va más allá de una mera ratificación y aclaración, pues en el mismo los agentes modificaron sustancialmente la versión de los hechos reflejada en la denuncia inicial, siendo este nuevo informe en el que se fundamenta la Administración para sancionarle. Según el cazador, en la denuncia inicial no se hacen constar los elementos de los tipos ilícitos por los que luego es sancionado y sólo en la posterior actuación ampliatoria de los agentes es donde se recogen los elementos básicos en que se funda la resolución sancionadora.

La sentencia

Sin embargo, la sentencia dice que el examen de las actuaciones lleva a la conclusión de que, frente a lo argumentado por el cazador, el informe de los agentes de la Guardia Civil, por el que ratifican y aclaran determinados extremos contenidos en la denuncia formulada contra él, no altera la versión inicial, ni puede afirmarse, en consecuencia, que se tuvieran en cuenta, por la autoridad sancionadora en el momento de dictar la resolución que puso fin al expediente, elementos incriminatorios distintos de los contenidos en la denuncia inicial, por lo que la falta de traslado de dicho informe ampliatorio al cazador para formular alegaciones constituiría, a lo sumo, una mera irregularidad procedimental, carente de relevancia constitucional, al no haber producido un real y efectivo menoscabo de su derecho de defensa.

Los hechos esenciales objeto de acusación, que se contenían en la denuncia de los agentes que dio origen al procedimiento sancionador y por los que finalmente fue sancionado, no resultaron alterados por el informe ampliatorio emitido con posterioridad por dichos agentes, por lo que la falta de traslado de dicho informe al cazador en modo alguno le ha ocasionado indefensión material, que es la única con relevancia a efectos legales, como se sigue de lo recogido en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Un aguardo sólo puede llevarse a cabo en el coto para el que se autoriza.

En el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, en el pliego de cargos, y en la ulterior propuesta de resolución, se imputan al cazador unos cargos consistentes en «realizar una espera nocturna al jabalí sin autorización en el coto de caza en el que se encontraba apostado utilizando productos atrayentes (gasóleo), en época de veda, en horas no autorizadas (19.30 horas) y portando cartuchos de perdigones», hechos calificados como infracción grave prevista en los artículos 75.4, 9 y 36 y 76.6 de la Ley de Caza, de Castilla y León. Tales hechos son los reflejados en el boletín de denuncia formulado por los agentes de Guardia Civil, en el que ya expresan las infracciones de emplear productos atrayentes (gasóleo), portar un cartucho de perdigones y efectuar la espera nocturna en coto distinto al autorizado. En consecuencia, la afirmación del cazador, tanto en la vía administrativa, como en la vía contencioso-administrativa, de que los agentes manifestaran que le vieran cazando en dichas condiciones no era cierta, resulta una apreciación interesada que no se ajusta a la realidad.

Los agentes sí manifiestan en su denuncia que observaron al cazador en el lugar de los hechos empleando productos atrayentes y con un cartucho de perdigones, y reseñan la identificación del arma empleada. En la ampliación del informe, efectuada en el oficio, sólo se realizan precisiones a lo primeramente denunciado y sólo se amplía en el hecho de que se reconoció por el cazador denunciado haber manifestado tales hechos y desconocer que ello fuese una infracción. No hay, pues, en este punto alteración alguna de cargos imputados con relación a la denuncia que da lugar a la incoación del expediente.

El procedimiento sancionador

Se hallaba fuera del lugar en que se encontraba autorizado para efectuar esperas

En definitiva, le fue notificado el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, en el que se contenía el pliego de cargos que se imputaban (así como la calificación jurídica y la sanción que podría corresponder), a partir de la denuncia formulada por los agentes de la Guardia Civil (SE.PRO.NA.) y le fue notificada la ulterior propuesta de resolución, que reitera ese pliego de cargos, siendo finalmente sancionado por la resolución que reproduce el pliego de cargos en sus elementos esenciales: relato de los hechos, calificación jurídica de los mismos e individualización de la sanción, cuya imposición se proponía por la instructora del expediente.

Toda vez que el cazador tuvo oportunidad de alegar y probar cuanto convino a su defensa respecto del contenido de los cargos imputados, sin que el informe ampliatorio emitido por los agentes denunciantes exceda de los límites propios de la ratificación de la denuncia inicial que dio origen al expediente sancionador, no es posible apreciar que la ausencia de traslado de dicho informe antes de dictar la resolución sancionadora mermara su derecho de defensa ni le causara indefensión material alguna.


Las Administraciones no permiten el uso de atrayentes artificiales para las esperas o aguardos. © Valentín Guisande.

Concluye la sentencia que constando que de los datos ofrecidos por el expediente administrativo el cazador, ciertamente, se hallaba fuera del lugar en que se encontraba autorizado para efectuar las esperas que había autorizado la Administración y concurriendo en dicha documentación los requisitos establecidos por la doctrina del Tribunal Constitucional, en torno a la aplicación del artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debe concluirse en que están acreditados los hechos objeto de la denuncia que sirvieron de base a la resolución impugnada en vía judicial y que concurren los requisitos establecidos en los tipos legales para apreciar su presencia, por lo que se desestima la demanda interpuesta por el citado cazador.

Luz Alonso

 

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