Ahora que llega el otoño y con él el apogeo de las monterías comentamos una sentencia sobre uno de los protagonistas de las mismas; el dueño de la finca de caza, y más concretamente un caso sobre responsabilidad por una infracción grave cometida en la finca.

Luz Alonso

Se revocó la resolución de la Consejería que le imponía una sanción que vulneraba el principio de presunción de inocencia

La Guardia Civil denunció que en la finca se encontró una gran hilera de granos de maíz con la intención de hacer un comedero artificial para crear hábito en los animales cérvidos de la zona y ser abatidos con mayor facilidad durante una acción cinegética que se iba a celebrar varios días después. En el boletín de denuncia, los agentes denunciaban al titular del coto privado, siendo identificado por la Dirección General de Medio Ambiente en la providencia de incoación como titular del terreno cinegético.

Estos hechos motivaron la sanción del dueño de la finca por la comisión de una infracción grave del artículo 91.27ª de la Ley de Ley 8/90, de 21 de diciembre de caza de Extremadura, modificada por la Ley 19/01, de 14 de diciembre, que tipifica el aportar granos u otros cebos artificiales para facilitar la captura de especies cinegéticas donde se realicen o vayan a realizar en el mes siguiente acciones sobre las mismas.


Aunque el titular cinegético sea el máximo responsable del coto hay que demostrar que si se ha cometido una infracción aquél ha sido el autor de los hechos imputados.

Durante el período probatorio, la Guardia Civil remitió un informe al Tribunal en el que señalaba que no podía aseverarse, ni tan siguiera tener sospecha, de que los hechos denunciados fueran realizados por el titular del coto .

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da la razón al propietario de la finca de caza y revoca la resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que le imponía una sanción que vulneraba el principio de presunción de inocencia. La resolución imponía al demandante las sanciones de multa de 601,02 euros y la anulación del acotado por un período de dos años.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia hacía los siguientes razonamientos: las actuaciones practicadas no permiten afirmar que el demandante fuera el autor de los hechos imputados. En ningún momento en el boletín de denuncia se señala por parte de la Guardia Civil que hayan observado al sancionado arrojar el maíz para crear un cebadero artificial, y por si alguna duda quedara, durante el período probatorio la Guardia Civil informa que no puede confirmar que el sancionado fuera la persona que realizó la infracción imputada. Es más, la Guardia Civil señala que ni siquiera puede sospechar de él.

A la Administración le corresponde aportar sin género de dudas la prueba que acredita la infracción imputada

La conclusión de todo ello es que no se ha respetado el derecho a la presunción de inocencia y se ha dirigido la actuación sancionadora contra el titular del terreno cinegético por el mero hecho de serlo, pero sin que existiera prueba alguna que acreditara su participación en los hechos. No puede negarse que la circunstancia de ir a celebrarse una acción cinegética en fechas próximas al descubrimiento del cebadero artificial pudiera ser un indicio en contra del imputado, pero se trata de un indicio muy débil que no permite vincular el hecho (arrojar grano para crear un cebadero artificial) con la autoría.

No podemos olvidar que nos encontramos ante el control jurisdiccional de una decisión sancionadora dictada dentro de un procedimiento administrativo sancionador, por lo que a la Administración le corresponde aportar sin género de dudas la prueba que acredita la infracción imputada. En el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24,.2 de la Constitución Española se construye con la misma intensidad garantista que en el Derecho Penal, exigiéndose que para que haya sanción es necesaria una prueba de cargo suficiente que permita a la Administración deducir su juicio de reproche, correspondiéndole la carga de la prueba a quien acusa, esto es, a la Administración, ya que nadie está obligado a demostrar su propia inocencia. El derecho a la presunción de inocencia en el procedimiento administrativo se descubre subjetivamente en que el ciudadano no puede ser considerado responsable de una infracción administrativa hasta que haya concluido el expediente con una resolución sancionatoria, y materialmente en que la Administración no puede sancionar sin pruebas, de modo que ha de probar los hechos que imputa al presunto responsable y ha de realizar una actividad probatoria de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia.


Un titular cinegético puede encontrarse con que en su coto se estén realizando prácticas ilegales de las que él no tiene conocimiento, pero de las que puede tener que responder.

El Tribunal Constitucional ha resuelto que el derecho a la presunción de inocencia despliega su eficacia en el procedimiento administrativo sancionador, así establece que el derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resulta—do sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos.

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad.

Aunque el titular cinegético sea el máximo responsable del coto hay que demostrar que si se ha cometido una infracción aquél ha sido el autor de los hechos imputados.

En otros supuestos se realizan diligencias de investigación en distintos días que terminan con la averiguación del autor de la infracción. Sin embargo, en este caso, la Guardia Civil se limitó a comprobar la existencia de maíz en la finca y la Administración imputó la infracción al titular del acotado, que no cabe duda está obligado a cumplir la normativa de caza, pero este deber genérico contemplado en el artículo 22 de la Ley de Caza de Extremadura no puede interpretarse extensiva e ilimitadamente de manera que se le haga responsable de todos los hechos ilícitos que ocurran en el interior de su acotado, interpretación contraria a los principios de culpabilidad y legalidad sancionadora y al derecho a la presunción de inocencia.

El que el grano fuera localizado en un terreno cinegético del que era titular y que en fechas próximas se iba a celebrar una acción cinegética son indicios que no permiten concluir sobre la autoría de la infracción, salvo que se resolvieran todas las dudas que esos indicios generan en contra del recurrente y con vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo.

Era preciso una mayor fuerza probatoria de los indicios dirigidos a la participación del sancionado en la creación del cebadero artificial, de tal forma, que, al no existir prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, se estimó el recurso contencioso-administrativo, dejando sin efecto la sanción impuesta.

Luz Alonso

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JUSTICIA ESPAÑOLA
Igor24  Usuario Autentificado
20/12/2007
Menos mal que algún juez recuerda los FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y LOS APLICA puesto que muchos empezamos a pensar que la justicia es una falacia. Espero que esta sentencia ayude a no culpabilizar sin más a los titulares de la caza en las situaciones de envenenamiento tanto a los jueces COMO SOBRE TODO A LA ADMINISTRACIÓN, en la que parece que sus funcionarios han olvidado o QUIEREN OLVIDAR los fundamentos del derecho que han tenido que saber para optener plaza de funcionario. Por lo menos espero que en Extremadura sirva esta sentencia. Un saludo. Igor24

 

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