En el Número de Abril:

  • IV Copa de España de Caza del Zorro. Miguel Piñero y José Lugris.
  • FICAAR y JEEP, octavo éxito consecutivo. Varios Autores.
  • Cómo frenar la tuberculosis. Óscar Rodríguez.
  • X Campeonato de España de Caza de Perdiz con Reclamo. José Ignacio Ñudi.
  • ¿Es sana la carne de caza? Varios autores.
  • A la caza del Fauno. Israel Hernández Tabernero.
  • Mi relación con los corzos. José Luis Martínez.
  • Monterías: Tiempo de balances. Emilio Jiménez/P. Castejón.
  • Consejos a la hora de contratar un safari. Ramón Estalella.
  • El 20, ese magnífico calibre «amarillo». Andrés Sierra.
  • Nuevo visor Bushnell Elite 4200 6-20x42. Juan F. París.
  • Un mecano llamado Strasser. J. F. P.
  • Semiautomática Remington 105 CTi. J. F. P.
  • ¿Cachorro, iniciado o perro cazando? Antonio López Espada.
  • Disparos accidentales: un caso real. Juan José García Estévez.
  • Primitivos u obsoletos. Ramón J. Soria.
  • Seguridad, educación e imagen. Eduardo Coca Vita.
  • Los leones también lloran. Tico Medina.
  • El reclamo. Mariano Aguayo.

Cierre de cotos por veneno

Algunas autonomías, pero sobre todo la andaluza, están cerrando cautelarmente el aprovechamiento cinegético de aquellos cotos en los que se encuentran cebos envenenados. La medida, muy polémica, está levantando ampollas en el mundo de la caza, porque atenta contra la presunción de inocencia y da pie a que algunos utilicen el veneno, muy fácil de colocar, para perjudicar a alguien. Por ellos publicamos dos opiniones enfrentadas, aunque razonadas, sobre el cierre cautelar de un coto ante la aparición de cebos envenenados.

 

Los cierres cautelares no conculcan el principio de presunción de inocencia

 
Por María Remedios GÁLVEZ y Juan Mario VARGAS

Es un hecho constatado que el uso de cebos envenenados para combatir a los predadores se ha incrementado en España durante los últimos años, extendiéndose de forma generalizada por la mayoría de las comunidades autónomas. En Andalucía y Castilla y León es donde parece ser más intensa esta actividad ilegal, a tenor del número de casos de envenenamiento detectados —55 por ciento del total de hallazgos realizados—. Desgraciadamente no se trata de una mera sospecha ni de una afirmación gratuita, ya que en los últimos 15 años se tiene constancia de más de 6.500 casos de envenenamiento de aves y mamíferos en todo el territorio nacional, siendo las especies más afectadas el águila imperial, los cuatro buitres ibéricos y el milano real.


En la imagen, un milano real envenenado, una de las rapaces más afectadas por estos cebos mortales.

Con el fin de combatir esta lacra social, que atenta contra la fauna y que puede llegar a afectar a la salud pública, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una iniciativa para erradicar el empleo de cebos envenenados en los cotos de caza, la cual ha tenido una amplia difusión a través de los medios de comunicación.

En este sentido, la última actuación de la Junta ha sido la utilización de un equipo de 15 perros adiestrados en la detección de veneno en el medio natural, al servicio de los agentes de medio ambiente y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es operativo en todo el territorio andaluz. De este modo, se intenta emprender una lucha más eficaz contra esta práctica ilegal, tipificada como delito en el art. 336 del Código Penal y sancionable en vía administrativa, según el art. 75.7 de la Ley 8/2003 de Conservación de la Fauna y la Flora Silvestres de Andalucía. En este último caso, las multas pueden oscilar entre los 60.101,22 y los 300.506,05 euros, además de poder imponerse otras sanciones accesorias como la suspensión o inhabilitación de la actividad cinegética por un período de tiempo comprendido entre los cinco años y un día y los 10 años, así como la ocupación de los medios empleados y de las piezas obtenidas.

Antecedentes de esta polémica

Pero la polémica ha surgido cuando la Administración andaluza, como consecuencia de las inspecciones realizadas por el equipo canino en los terrenos acotados, ha procedido de forma inmediata a la suspensión del aprovechamiento cinegético en aquellos cotos en los que se han hallado cebos envenenados, en aplicación del régimen de responsabilidad instaurado por la propia ley andaluza.

El empleo de cebos envenenados en un acotado supone una práctica notoriamente vulnerable de las condiciones de la autorización que en su día concedió la Administración.

En concreto, según publica la propia Consejería en su página web, con fecha 30 de mayo de 2006, la labor de la citada unidad canina había logrado la apertura de 50 expedientes administrativos por el uso de cebos envenenados. Según esta fuente, en el 90 por ciento de las inspecciones realizadas se había hallado algún tipo de organofosforado camuflado en carne, embutidos, pan o dulces.

Durante los meses en los que se han venido realizando dichas inspecciones, las medidas provisionales adoptadas de forma cautelar por la Consejería de Medio Ambiente, ante el hallazgo de cebos envenenados, han sido criticadas por el sector cinegético y han levantado una gran polémica en relación a la supuesta conculcación del principio de presunción de inocencia.

Ante estas circunstancias resulta procedente conocer con exactitud qué dice realmente la Ley 8/2003 y en qué circunstancias se aplica. Dicha Ley tiene por objeto la protección de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, así como la ordenación de sus aprovechamientos. Por consiguiente, no sólo se encarga de regular la conservación de los recursos naturales de Andalucía sino que también se ocupa de la regulación de la caza y la pesca como aprovechamientos tradicionales de dichos recursos naturales renovables. De ahí que la prohibición del uso del veneno esté contenida en su articulado por partida doble: en primer lugar, dentro del régimen general de protección de la flora y la fauna silvestres, que con carácter general prohíbe en todo caso el uso de venenos y explosivos; en segundo lugar, en relación a la caza, dentro de la lista de medios de captura prohibidos, se cita específicamente todo tipo de cebos o sustancias venenosas, así como los explosivos.

El régimen de responsabilidad

Partiendo de estas premisas, es oportuno analizar cuál es el régimen de responsabilidad que establece dicha Ley y en el que se ampara la Consejería de Medio Ambiente para acordar la suspensión cautelar de las actividades cinegéticas en los terrenos acotados en los que se encuentre cualquier clase de veneno o cebo envenenado.

En primer lugar, dentro del régimen general de protección de la flora y la fauna silvestres, el art. 19 de la Ley 8/2003 establece la posibilidad de que la Consejería competente, en el ejercicio de sus funciones de control de la actividad autorizada, pueda acordar cautelarmente la interrupción de cualquier actuación que no se esté realizando conforme a las condiciones establecidas. Además, cualquier agente de la autoridad se encuentra facultado para ordenar el cese de cualquier actividad no autorizada.


El equipo canino de la Junta de Andalucía especialista en la detección de cebos envenenados.

En segundo lugar, y de forma más específica, en el Título II de la Ley 8/2003 dedicado al aprovechamiento de la flora y la fauna silvestres, el art. 33.2 determina la obligación de los propietarios de los terrenos o de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de adoptar las medidas precisas para impedir la existencia o colocación de cebos envenenados en condiciones susceptibles de dañar a la fauna silvestre. Además, la norma en cuestión también establece que el hallazgo de cebos envenenados es motivo para la suspensión cautelar de la autorización del aprovechamiento correspondiente. Dicha previsión resulta igualmente aplicable cuando se encuentre cualquier método masivo y no selectivo cuya utilización no haya sido expresamente autorizada: jaulas trampa y lazos, por ejemplo.

Procede aclarar que el establecimiento de la responsabilidad civil del titular del aprovechamiento cinegético en caso de detección de cebos o animales envenenados no es novedoso a nivel de normativa autonómica, ya que en 1993 quedó por primera vez recogido en la Ley Foral de Navarra, concretamente en el artículo 56.3.

Por su parte, el Reglamento 182/2005 de ordenación de la caza en Andalucía determina que, antes de la iniciación del procedimiento sancionador y en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, se podrán adoptar las medidas cautelares que resulten necesarias. Dichas medidas podrán consistir, entre otras, en la suspensión de la actividad parcial o total de las actuaciones cinegéticas que sean notoriamente vulnerables de las condiciones establecidas en la autorización respectiva que en su día concedió la propia Administración.

La adopción de medidas cautelares o provisionales puede formar parte de cualquier procedimiento de naturaleza administrativa siempre que resulte necesario, como regla general y con validez para todo el territorio nacional, sin necesidad de que la respectiva normativa autonómica sobre caza se pronuncie al respecto, pues en tales casos las prescripciones generales que establece la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo resultan de aplicación con carácter supletorio.

En otras palabras, no es imprescindible que las leyes de caza de las comunidades autónomas establezcan normas relativas a las medidas cautelares, ya que se aplica supletoriamente la normativa del Estado. Es decir, en lo que respecta al procedimiento sancionador, se estará sujeto a lo establecido por el Estado en la legislación administrativa general vigente.

La responsabilidad indirecta del titular

Por otro lado, la imputación de responsabilidad al titular del aprovechamiento cinegético que realiza el citado art. 33.2 es una responsabilidad in vigilando, es decir, el mismo tipo de responsabilidad que recae en el pater familia respecto de sus hijos menores de edad. Es lo que legalmente se conoce como la responsabilidad por hecho de otro, llamada también responsabilidad indirecta.

El fundamento de la responsabilidad por hecho ajeno se configura en el Código Civil como una falta propia de quien responde. Por ello, el art. 1903 de dicho Código establece que la responsabilidad cesará cuando el responsable pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Quiere esto decir que una vez quede probado, por el propietario del terreno o por el titular del aprovechamiento cinegético, que se tomaron las medidas adecuadas para impedir e imposibilitar la existencia o colocación de cebos envenenados, su responsabilidad decaerá.

En tales casos, la responsabilidad del propietario o del titular del aprovechamiento dependerá de que consiga o no demostrar que hizo lo posible para evitar el daño. En definitiva, se trata de una cuestión de prueba: si queda acreditado que obró diligentemente para prevenir el daño, se eximirá de responsabilidad. En caso contrario, resultará responsable y habrá de asumir el coste del daño que se haya producido. No obstante, según se recoge en el mismo párrafo del art. 33.2, el hallazgo de cebos envenenados en el coto es motivo suficiente por sí mismo para adoptar como medida cautelar la suspensión de la actividad cinegética, con independencia de quién resulte finalmente responsable por tales hechos.

En este último punto es donde reside el núcleo del problema. Tanto los afectados directamente —propietarios y titulares del aprovechamiento cinegético— como muchos de los sectores afines al mundo de la caza se muestran en contra de una medida de esa naturaleza. Critican lo arbitrario de la medida así como la inseguridad que les produce al quedar sometidos a la voluntad maliciosa de unos cuantos.

Resulta obvio que el hallazgo de cebos en envenenados o de otros métodos masivos y no selectivos expresamente prohibidos por la normativa aplicable, en los terrenos de un coto de caza, constituye una circunstancia muy grave con consecuencias igualmente graves para la fauna silvestre en general.

Según han demostrado los expertos en la materia, la fuerte toxicidad del veneno, su larga persistencia, la falta de especificidad y la posibilidad de bioacumulación de ciertas sustancias letales suponen graves afecciones para el conjunto de los eslabones que componen la cadena trófica del ecosistema donde son empleados. Estos efectos indeseados le convierten en una de las principales amenazas para la conservación de la fauna silvestre protegida.

¿Está justificada la suspensión cautelar?

Siendo esto así, no obstante, cabe preguntarse qué sentido tiene la adopción de una medida cautelar de esta naturaleza, o, dicho de otro modo: ¿está justificada la suspensión de la actividad cinegética en el caso de que se encuentre cualquier clase de veneno en un coto? Según dispone el Reglamento de ordenación de la caza 182/05 en su art. 96.2, este tipo de medida cautelar, entre otras, se podrá adoptar en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados.

Por tanto, en el supuesto de que se detecte veneno en un coto, ¿se dan las circunstancias de urgencia exigidas? Además, cabe cuestionarse ¿qué intereses se están protegiendo? ¿O, acaso, se trata más bien de un anticipo de la sanción que presumiblemente recaerá al final del procedimiento sancionador?

En opinión de los autores de este artículo, el empleo o utilización de veneno o cebos envenenados constituye una actuación de tal gravedad que cumple sobradamente con el requisito de urgencia que exige la norma. Procede recordar e insistir en que dicha práctica está tipificada en la propia Ley andaluza como infracción muy grave e igual ocurre en el resto de comunidades autónomas.

La mayor parte de las normas autonómicas de caza consideran el empleo de venenos o cebos envenenados como una infracción muy grave; además, es un método de captura prohibido por su carácter masivo y no selectivo, tanto en la normativa nacional como en la comunitaria. Por consiguiente, la suspensión cautelar de un aprovechamiento donde se ha detectado la presencia de cebos envenenados tiene como finalidad la salvaguarda de la fauna silvestre en general, al evitar la continuación de la infracción o el agravamiento del daño causado.

Por otro lado, no se considera que dicha actuación se trate de una sanción anticipada, pues, como se indicó al comienzo del texto, la sanción principal para dicha conducta es la multa, que en Andalucía puede oscilar entre 60.101,22 y 300.506,05 euros. La suspensión o inhabilitación para la obtención de la correspondiente autorización del aprovechamiento es una sanción accesoria que, por tanto, podrá o no imponerse en la resolución final. Además, según se establece en la propia Ley 8/2003, la medida de suspensión de la autorización del aprovechamiento cinegético deberá ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo de iniciación del procedimiento durante los 15 días siguientes a su adopción. En el caso de que transcurra dicho plazo sin que se inicie el procedimiento, o sin que se haga un pronunciamiento expreso al respecto, la suspensión acordada quedará sin efecto. Por tanto, no existe motivo alguno para creer o entender que dicha medida cautelar constituye un anticipo de la sanción que en su momento recaerá sobre el infractor.

Medida justificada

En definitiva, cabe afirmar, a juicio de los firmantes de este artículo, que la suspensión de la actividad cinegética, motivada por el hallazgo de cebos envenenados en los terrenos de un coto, a priori no es una medida arbitraria por parte de la Administración. Vale la pena recalcar que el empleo de cebos envenenados en un acotado supone una práctica notoriamente vulnerable de las condiciones de la autorización que en su día concedió la Administración. Tengan en cuenta, además, que el precepto que establece la suspensión cautelar de la autorización del aprovechamiento correspondiente ante el hallazgo de cebos envenenados recoge la obligación de los propietarios de los terrenos y de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de impedir la existencia o colocación de cebos envenenados en sus terrenos. Por tanto, una vez que se detectan los cebos envenenados, la Ley realiza una presunción iuris tantum —admite prueba en contrario— y supone que ha habido un incumplimiento de dicha obligación, imponiendo preventivamente la suspensión del aprovechamiento. Por tanto, queda legitimada plenamente la adopción de una medida cautelar de esta naturaleza.


Un simple trozo de salchichón con una dosis letal de fitosanitarios.

En el caso concreto de Andalucía, que bien podría hacerse extensivo al resto de España, la detección de cebos envenenados por inspección rutinaria o previa denuncia de terceros no implica la clausura automática del aprovechamiento cinegético. Por consiguiente, es preciso puntualizar, para aventar rumores infundados, que la Consejería de Medio Ambiente no está decretando de forma generalizada la suspensión del aprovechamiento de los cotos andaluces donde aparece veneno, sino tan sólo en aquellos casos que revisten una especial gravedad como, por ejemplo, cuando el número de cebos envenenados es elevado, cuando hay antecedentes de otros casos de envenenamiento en ese coto, cuando se hallan almacenados en dependencias del coto los productos tóxicos incorporados a los cebos, etcétera… Es decir, el hallazgo de cebos envenenados no conlleva la suspensión sistemática del aprovechamiento del coto y, por tanto, el cierre inmediato del mismo.

En conclusión, se trata de una medida provisional justificada conforme a las prescripciones que contiene la legislación vigente en relación a la tutela cautelar. En este mismo sentido se pronuncian otras leyes de caza autonómicas como, por ejemplo, el art.93 de la Ley de caza de Castilla-La Mancha o el art.82 de la Ley de caza de Castilla y León. No obstante, es preciso reconocer que, en general, el ciudadano español está poco acostumbrado al empleo o utilización de las medidas cautelares, tanto por parte de la Administración como por los órganos judiciales. De ahí que esta circunstancia dificulte su aceptación una vez que son adoptadas.

Un paso valiente y adecuado

La suspensión cautelar de los aprovechamientos cinegéticos es un paso valiente y dado en la dirección adecuada, pero se es consciente de que la problemática que genera el control indiscriminado de predadores a través del uso de cebos envenenados está aún por resolver. De hecho, la Estrategia Nacional contra el Uso de Cebos Envenenados en el medio natural, aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en septiembre de 2004, no sólo contempla la persecución del delito sino que previamente reconoce que otros objetivos no menos importantes son la información y mejora del conocimiento sobre el problema de los envenenamientos, así como la prevención y disuasión del uso de cebos envenenados. Dicha Estrategia debe ser desarrollada a través de planes regionales para que realmente sea operativa, si bien hasta ahora tan sólo Andalucía y Castilla-La Mancha se han decidido a hacerlo.

A pesar de ello, si la labor emprendida por el Gobierno andaluz a través de la unidad canina logra concienciar algo más a determinados propietarios de terrenos y titulares de los aprovechamientos cinegéticos, como principales responsables del daño que provoca el uso del veneno, y se consigue al menos reducir el uso de cebos envenenados, será un gran avance en la lucha contra esta práctica ilegal tan dañina para la fauna silvestre.

No cabe duda de que todos los titulares, gestores y guardas, que dedican su esfuerzo diario a cuidar los cotos de forma integral y dentro de los márgenes de la Ley ven con buenos ojos esta iniciativa si con ella se consigue una mayor eficacia en la erradicación del uso ilegal del veneno.

María Remedios GÁLVEZ
Juan Mario VARGAS
Universidad de Málaga.
Facultad de Ciencias
Dpto. Biología Animal. 29071 MÁLAGA

 


 

El cierre cautelar no está justificado

 
Por Alonso SÁNCHEZ GASCÓN

Esto es una señora y un señor, matrimonio, que tienen una casa con un amplio jardín, en la que tienen —todo legal— un taller de taxidermia. Discuten y la esposa interpone una demanda judicial en la que pide una elevadísima pensión que el marido se niega a pagar. A los pocos días la Guardia Civil —previa anónima llamada— encuentra entre los animales listos para disecar un lince ya disecado. Una semana más tarde, la Guardia Civil —previa anónima llamada— encuentra en el amplio jardín de la casa-taller un águila envenenada. Así las cosas y previos los correspondientes trámites, la Consejería competente dicta una Resolución suspendiendo cautelarmente la actividad de taxidermia hasta que el expediente sancionador concluya.


Un perro del equipo canino andaluz recorre un coto en el que se sospecha la existencia de cebos envenenados.

Esto es un coto de caza menor de 2.000 hectáreas en el que un día los guardas denunciaron a un par de sujetos por capturar perdices de noche y con red. A tales furtivos les cayó una multa y la retirada de la licencia de caza por cinco años. Quince días más tarde, la Guardia Civil —previa anónima llamada— encontró en el coto —y en lugar bien visible— 126 cebos envenenados. Así las cosas, con los correspondientes trámites, la Consejería competente dicta una resolución suspendiendo cautelarmente la actividad cinegética del coto hasta que el expediente sancionador concluya. Se me olvidaba: el coto pertenece a una sociedad anónima que se dedica —como otros venden zapatos, pasteles, calzoncillos o libros— a comercializar la caza.

Más ejemplos

Esto es un coto de caza menor de 1.200 hectáreas cuyo propietario y titular —de 83 años, que nunca ha sido cazador y que heredó el coto de una tía-abuela— lo tiene arrendado por diez años a un tercero. En el contrato de arrendamiento aparece una cláusula que dice, más o menos, que el arrendatario podrá controlar los predadores siempre y cuando cumpla con la legislación vigente y cuente con los permisos necesarios. No obstante, el arrendatario decide que la mejor forma de controlar la a todas luces excesiva población de predadores es colocar una buena cantidad de cebos envenenados, y lo hace, en efecto, durante varios años. Faltando un año para terminar el contrato, la Guardia Civil —no se sabe si previa llamada anónima— encuentra 202 cebos envenenados. Así las cosas, y con los correspondientes trámites, la Consejería competente dicta una resolución suspendiendo cautelarmente la actividad cinegética del coto hasta que concluya el expediente sancionador, que entre unas cosas y otras —incluida la vía judicial— no tardará menos de tres años.

El único motivo, la única causa que justifica la imposición de una medida cautelar o preventiva es evitar que un daño se siga produciendo. Y suspender el aprovechamiento cinegético de un coto no evita que se continúen colocando —si este fuera el caso— cebos envenenados y desde luego no se respeta la presunción de inocencia.

Esto es una Sociedad de Cazadores —con 317 socios— que tienen adjudicado el coto del término municipal. En los estatutos de la asociación se dice, entre otras cosas, que la práctica del furtivismo y cazar bajo los efectos de las bebidas alcohólicas dará lugar a la expulsión de los socios que tal cosa hicieran.

Dos socios fueron expulsados por furtivos y un tercero por borracho contumaz. A los pocos días de las expulsiones —y previa llamada anónima— la Guardia Civil encontró 97 huevos de codorniz y 23 tajadas de pollo con sus correspondientes raciones de veneno. Así las cosas y con los correspondientes trámites, la Consejería competente dictó una Resolución suspendiendo cautelarmente el coto y dejando sin cazar a 314 socios hasta la conclusión del expediente sancionador.

Bien, creo que estos ejemplos —cualquier parecido con la realidad puede incluso ser cierto— bastan para darnos una idea de cuál es el problema de la «cacicada» de las medidas cautelares.

Viene todo esto a cuento porque el Director de TROFEO me ha pedido expresamente un artículo acerca —mi opinión, en definitiva— de la viabilidad de ciertas medidas cautelares o provisionales con la suspensión de la actividad cinegética en aquellos cotos en los que se han encontrado cebos envenenados.

Con la confianza que me da la experiencia —otros dirán que la vejez— y las muchas horas de estudio y toga judicial, voy a oponerme radicalmente a las medidas cautelares que en muchos casos impone la Administración a los cotos de caza, y me voy a oponer evitando toda terminología jurídica para que así pueda entenderlo hasta yo mismo.

¿Para qué sirven las medidas cautelares?

El único motivo, la única causa que justifica la imposición de una medida cautelar o preventiva es evitar que un daño se siga produciendo.

Este tipo de medidas están pensadas básicamente para las infracciones o los delitos continuados. Por ejemplo, el vertido frecuente o continuado de una sustancia tóxica a un río puede y debe evitarse suspendiendo cautelar y provisionalmente la actividad que lo motiva hasta que termine el proceso penal o administrativo que ha de sancionar el vertido.


Buitres leonado y negro —en segundo plano—, dos de las rapaces más vulnerables a los cebos envenenados.

La medida cautelar, sea cual sea, nos lleva directamente al responsable. Esto es, sólo al responsable del delito o de la infracción administrativa en definitiva, sólo al responsable del daño puede imponérsele una medida de estas características. Los ejemplos que he puesto al principio son lo suficientemente significativos como para hacer innecesario cualquier otro comentario.

¿Se evita el daño suspendiendo la actividad cinegética en un coto de caza en el que se han encontrado cebos envenenados? Como he dicho antes y al principio, no cabe imponer una medida cautelar o provisional cual es la suspensión de la actividad cinegética a alguien que no ha cometido la infracción —colocación de venenos— que la motiva, y menos aún con los graves perjuicios económicos que conlleva en la mayoría de los casos.

En segundo lugar, una vez localizados los cebos, retirados éstos y denunciados los hechos, esta medida no tiene la más mínima utilidad, pero porque no hay daño continuado: si se ha producido alguna muerte ya está producida.

Tercero porque, suspendida la caza, los cebos se pueden seguir colocando exactamente igual que antes de suspenderse, de manera que, a estos efectos, la utilidad de la medida cautelar es perfectamente nula.

Y en cuarto lugar, y digan lo que digan los tribunales de justicia —cuyas decisiones en materia de caza dejan mucho que desear—, no se respeta aquí la presunción de inocencia, pues ¿qué ocurre si después se demuestra que el titular del coto suspendido nada tuvo que ver con los cebos? ¿Por qué ha de sufrir él los perjuicios, los efectos de una infracción que cometió otro?

¿Qué dicen tas Leyes?

Con esto de la caza ocurre un fenómeno extraño que no se da en otros sectores: las leyes de caza son, en realidad, leyes anticaza. Están pensadas no para favorecer —para limitar ya están las leyes ambientales— la actividad cinegética, sino para ponerle toda clase de trabas, trampas, limitaciones, prohibiciones y sanciones de todo tipo. Además, las leyes de caza están influenciadas —por no decir hechas— por ignorantes y anticaza. Y así nos luce el pelo.

Dicho esto, las leyes de caza —algunos de sus artículos— pueden ser tan inconstitucionales como cualesquiera otras leyes. Y lo son en cuanto ignoran los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia, responsabilidad, tipicidad y casi estoy por añadir un etcétera con mayúsculas. De manera que el hecho de que tal o cual artículo de una ley de caza faculte a la Administración para suspender cautelarmente el aprovechamiento cinegético de un acotado no garantiza que, en efecto, pueda hacerse desde el punto de vista constitucional.

Esto en cuanto a las leyes de caza; en cuanto a la Ley de Procedimiento Administrativo y a su régimen sancionador, tenemos lo siguiente:

La Administración puede, mediante acuerdo motivado, adoptar medidas cautelares de carácter provisional para asegurar la eficacia de la sanción que, al final del expediente sancionador, pueda recaer. Otro artículo de esta Ley añade que estas medidas pueden tomarse en casos de urgencia y no pueden tomarse cuando causen al afectado —titular del coto— perjuicios de difícil o imposible reparación o impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

El asunto está meridianamente claro, no obstante:

1°) El acuerdo suspendiendo la actividad cinegética de un coto ha de ser «motivado», esto es, la Administración ha de dar las razones, las causas, el por qué toma tan drástica y provisional medida sin esperar a la terminación del expediente. Y no lo hace nunca.

2°) Tales medidas sólo pueden tomarse cuando se considere necesario para asegurar la sanción que al final del expediente sancionador pueda recaer. De aquí concluyo que la suspensión cautelar del coto nunca podría tomarse:

  • Porque la resolución que al final vaya a recaer puede, en efecto, sancionar al expedientado, pero también puede no sancionarlo, con lo que si el coto ha sido suspendido cautelarmente la sanción ya ha sido impuesta, al menos parcialmente, y a un inocente.
  • Porque la sanción que pueda recaer, suponiendo que sea sancionadora, se asegura exactamente igual con suspensión previa cautelar y sin ella: que es una multa, se paga; que se anula el coto por diez años, pues quede anulado desde la fecha de la resolución; que se anula el coto indefinitivamente, pues anúlese desde esa fecha. Sobra, pues, la medida cautelar.

3°) En cuanto a la urgencia, no hay aquí urgencia de clase alguna —como cuando una tubería está vertiendo un tóxico continuamente—, pues, como ya he dicho, los cebos se ponen igual tanto si está como si no está el coto suspendido.

4°) Con estas medidas, ¿se producen perjuicios de difícil reparación? Naturalmente que sí. El titular del coto cuya actividad cinegética se ha suspendido se ve privado del derecho —reconocido por la ley— a explotar, incluso comercialmente, el coto durante años, tantos como dure el expediente.

5°) Y, en fin, claro que una medida cautelar de estas características viola los derechos amparados por las leyes, de momento el derecho a la presunción de inocencia, y, cómo no, el más elemental sentido común, que no está amparado por las leyes pero sí por la razón y la prudencia.

En resumen, las medidas cautelares suspendiendo la actividad de un coto hasta que se resuelva el expediente sancionador o concluya el proceso penal, en lo que aquí interesa:

  • Pagan justos por pecadores.
  • No evitan la producción de un daño.
  • Conculcan la presunción de inocencia.
  • Pueden causar un daño injusto al titular del coto que la Administración tendrá que resarcir después.
  • No evita que se continúen colocando —si este fuera el caso— cebos envenenados, pues éstos se usarán de igual modo, esté o no suspendido el coto.
  • Son medidas arbitrarias que la Administración puede utilizar —y utiliza— coactivamente para otros fines.

Termino. A quienes defienden con tanto ardor la imposición de este tipo de medidas provisionales me gustaría que la Administración les aplicara la misma medicina. Ya veríamos, ya.

Alonso SÁNCHEZ GASCÓN
Abogado.

 

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ARTÍCULO MUY INTERESANTE
Igor24
04/04/2007 19:39:11
Creo que a través de este artículo nos queda clarísima la situación suscitada y nos orienta en como puede estar considerada la caza en España, adelantándonos que si han sido capaces de cometer esta tropelía, es que son capaces de cometer las mismas o mayores.

En Bizkaia, los aficionados a la Contrapasa de la paloma trocaz hemos sufrido algo parecido el año pasado, 2006, cuando realizado el primer sorteo de puestos (y pagados) nos encontramos con una suspensión cautelar en la misma mañana del segundo día de sorteo de puestos, viernes, cuando faltaban 2 días para iniciar la caza en Contrapasa.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco toma esa decisión cuando no hace muchos años tuvimos el apoyo del congreso y senado además de tribunales de competencia nacional, para retomar la caza en Contrapasa que había sido prohída unos años antes. Y todo porque a los guipuzcoanos se les prohibió en Europa (que sabrán en Bruselas de Contrapasa) y aprovechando el tirón unos señores a los que todos subvencionamos, la Sociedad Española de Ornitología, denunció la Orden foral que autorizaba la Contrapasa sin más que ir contra las mismas leyes que ya hace años que se demostró que la Contrapasa no vulneraba... total ¿qué va a pensar uno? Pues que detrás de todo esto hay intereses políticos, no referentes a los votos, sino a una política de poner trabas a la caza por ser contraria a lo políticamente correcto (que es lo único que miran los políticos) y por ser un "coñazo" gestionarla.

En otras palabras, nos cargamos la caza, quedamos de p... (muy bien) y nos quitamos la gestión de un muerto de encima y así podemos vaguear más (esto piensa el político).

Qué más puedo añadir... Un saludo para todos los verdaderos cazadores que piensan con sentido ecológico.

 

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Por encima del Defensor del Pueblo | Santiago Segovia
Titulares de coto, ¿siempre culpables? | Luz Alonso
¿De quién es la caza? | Antonio de Palma Villalón
Causas de exoneración | Antonio de Palma Villalón
Ecología moderna | Antonio de Palma Villalón
La PAC y la nueva reforma que se avecina | Jesús Llorente
El transporte de la caza | Antonio de Palma Villalón
Normas para el uso de armas | Antonio de Palma Villalón
Caza y celo | Antonio de Palma Villalón
Iluminación nocturna | Antonio de Palma Villalón
Situación jurídica actual de la caza con arco | Antonio de Palma Villalón
Incendios forestales | Antonio de Palma Villalón
Comederos y bebederos | Antonio de Palma Villalón
El comiso de las armas | Cristina Sualdea Barrio
Daños contra el patrimonio cinegético | Cristina Sualdea Barrio
Los terrenos libres en la Ley del Patrimonio Cinegético | UNAC
Contaminación humana | Antonio De Palma Villalón
Cuestión de linderos | Cristina Sualdea Barrio
Cazar ya es europeo | Santiago Ballesteros
Esperas equivocadas | Luz Alonso
Entidades de Custodia para el Patrimonio Cinegético | Víctor Mascarell
Exculpado por ser coto de caza menor | Luz Alonso
El contrato del coto | Jorge Bernad
Un voto para la esperanza | Ángel Vidal
Furtivismo | Luz Alonso
El zorro de Gongolaz | Félix J. Ruiz Marfany
Preparadas las aves acuáticas de reclamo | Salvador Barberá
Así influyen nuestros plaguicidas en nuestras especies | Jesús Llorente
Zorzales: A vueltas con la práctica del ‘parany’ | Ramiro Lapeña
¿Cómo será el próximo Reglamento de Armas? | Luis Pérez de León
Majestad… ¡SOCORRO! | Luis Pérez de León
¿Por qué los cotos siguen haciendo planes de caza? | Víctor Mascarell
Una ley de caza «apta para todos los públicos» | ADECAPGAZTEAK
Jaque mate a la caza en el Alto Tajo | José Rubén de Vicente
Accidentes provocados por especies cinegéticas | M.A.R.
La Licencia de Caza: negando la mayor | Federación de Caza de Castilla y León
Entidades colaboradoras de la Ley de Caza de Canarias | Juan Miguel Sánchez Roig
Licencia Interautonómica - Examen del Cazador | José Luis Garrido
Una licencia interautonómica para unos pocos | UNAC
 

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