El ejecutivo ha cedido ante las presiones de los grupos ecologistas al proponer la prohibición de la caza en estos espacios
Desde la ONC han querido dejar claro que la postura del sector cinegético nunca ha sido liberalizar la caza en todos los Parques Nacionales de España, pero aseguran
«que no tiene ningún sentido que en espacios como Picos de Europa o los casos de Cabañeros Monfragüe, cuyo hábitat mediterráneo obliga a realizar un control de las poblaciones cinegéticas existentes, la caza se deba esconder bajo eufemismos como el ‘control poblacional’ con el único objetivo de no herir la sensibilidad de grupos ecologistas, o el de una sociedad urbana malinformada por esos mismos grupos anticaza y completamente alejada de la realidad rural».
Asimismo, la ONC preguntará públicamente al Gobierno si, de aprobarse la Ley, serán los propios ecologistas o los funcionarios públicos los que cacen, o se tendrá que contratar con cargo al erario público a las personas que deban controlar las poblaciones de animales de estos espacios. Poblaciones cuyo crecimiento exponencial, en el caso de no cazar, provocará una gravísima alteración del hábitat, amén de generar, como ya está ocurriendo, un incremento de las enfermedades y epizootias en los Parques Nacionales. También, gracias a esta concesión que el Gobierno parece haber realizado a los grupos ecologistas, se incrementarán drásticamente los accidentes de tráfico en carretera en las inmediaciones de los Parques Nacionales, con el consiguiente riesgo de pérdida de vidas humanas que ello implica.
Mientras tanto, a los habitantes de los municipios rurales implicados en los Parques Nacionales, cuyo
modus vivendi dependía en gran medida de la actividad cinegética, se les eliminará una de sus principales fuentes de ingresos en un momento en el que la economía en el medio rural es de subsistencia, y se cercenará su libertad de decidir si cazan o no en sus zonas de nacimiento y residencia.
La ONC también ha querido denunciar públicamente que, como consecuencia de esta concesión del Gobierno a los grupos ecologistas, y en un momento de crisis como el que está padeciendo el país (en el que los ciudadanos sufren recortes en temas tan importantes como Sanidad o Educación), el Estado tendrá que pagar con el dinero de todos los españoles verdaderas fortunas para indemnizar la prohibición de la actividad cinegética. Esta política es absolutamente contradictoria, máxime cuando la caza ya estaba generando toda una economía en estos municipios.
Para la Oficina Nacional de la Caza, la sumisión del Gobierno ante los ecologistas no viene en ningún caso marcada por criterios técnicos o científicos, sino más bien por la situación de incertidumbre política vivida en el país y por el propio Partido Popular, cuyas elecciones autonómicas a corto plazo han marcado el devenir de la ley. Aunque tal y como ha declarado su presidente, Juan Antonio Sarasketa:
«Creo que esta vez el Gobierno no está midiendo bien el alcance de esta decisión, carente de fundamento científico, económico y social. La política de un estado debe de estar por encima de los titulares amarillistas y demagogos de los grupos ecologistas, tan alejados de la realidad rural. Esta chapuza de Ley que llega hoy al Senado perjudica directamente a un millón de ciudadanos en nuestro país y a todos los habitantes que viven en el entorno de los Parques Nacionales, y así se lo haremos saber desde la Oficina Nacional de la Caza a nuestros representados. El Gobierno tendrá que asumir las consecuencias de sus actos si finalmente aprueba ese texto».
Sarasketa ha solicitado una reunión de urgencia con la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, donde no sólo pedirá las explicaciones oportunas del desarrollo de esta Ley, sino que pondrá encima de la mesa el marco del desarrollo de dos leyes básicas para el futuro de la actividad cinegética en España: la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y la Ley de Montes, donde la ONC tomará una postura muy distinta a la de colaboración mostrada hasta la fecha.
