ATICA CLM pide severidad para los culpables de la muerte de águilas en Mudela

La Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades afines al sector cinegético de Castilla-La Mancha (ATICA CLM) confía plenamente en la inocencia de la Administración y del personal respecto a la autoría del envenenamiento de seis águilas imperiales en el coto La Encomienda de Mudela, gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente.


ATICA CLM cree que muy posiblemente el envenenamiento se haya debido «a un acto de sabotaje en la gestión del coto», destinado asimismo «a perjudicar a una Administración que acaba de cambiar recientemente de signo político». No obstante, esta confianza no exime a esa misma Administración de dedicar todos sus medios posibles para esclarecer el asunto y conseguir que sobre el o los responsables caiga todo el peso de la ley. La reciente confirmación de que la muerte de estas águilas ha sido a causa del envenenamiento producido por aldicarb, un potente pesticida de gran peligrosidad para la salud humana y para el medio ambiente, hacen que desde ATICA CLM se exija una rápida actuación de la justicia para encontrar a los culpables de estas muertes y se les aplique la pena correspondiente, independientemente de cuáles hayan sido las razones de éstos para colocar los cebos envenenados. Además, ATICA CLM solicita a la administración que sea coherente con sus anteriores actuaciones y aplique la legislación existente para estos casos sobre los propietarios de la finca en la que han aparecido muertas las rapaces. Según el ‘Programa Antídoto’, junto a la actual interpretación de la ley de Caza de Castilla-La Mancha, debe suspenderse la actividad cinegética en esta finca durante dos o tres años, al igual que ha sucedido anteriormente con otros cotos. ATICA CLM insiste en que las leyes se deben aplicar a todos los ciudadanos por igual, independientemente de quiénes sean éstos o de las implicaciones que tengan las resoluciones de la justicia sobre terceros. Es más, considera que las desviaciones que se han venido produciendo en la aplicación del precitado “Programa” y los errores interpretativos de la legislación de caza, deben ser solucionados a partir (que no antes) de su aplicación a la propia Administración.
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