Reunión entre el MARM y la Federación

Los representantes de la Real Federación Española de Caza se reunieron el pasado jueves 17 de septiembre con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, a quien expusieron sus inquietudes a través de un memorando.


 Andrés Gutiérrez, Josep Puxeu, Ignacio Valle, Juan Garay y Santiago Ballesteros.
Andrés Gutiérrez, Josep Puxeu, Ignacio Valle, Juan Garay y Santiago Ballesteros.
Durante el encuentro, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua mostró su disposición para colaborar con la RFEC, así como con las comunidades autónomas (CCAA), competentes en la materia, para armonizar cuestiones legales y administrativas tales como las licencias, las infracciones, las sanciones o los exámenes de los cazadores, entre otros aspectos. A la reunión asistieron también el director general de Política Forestal del MARM, Juan Garay, el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Ignacio Valle y el secretario general de la RFEC, Santiago Ballesteros. El presidente de la RFEC, Andrés Gutiérrez, se comprometió a continuar trabajando con las administraciones autonómicas a través de las federaciones regionales de caza, e insistió en la necesidad de homologar métodos para el control de predadores en toda España. La proliferación en muchas zonas de predadores se ha convertido en un verdadero problema para algunas especies de caza y protegidas. La RFEC no desea 18 métodos de control y 18 figuras de especialistas en el control diferentes. Tanto los representantes de la Federación como del MARM coincidieron en la necesidad de seguir trabajando en la prevención de incendios forestales, así como en la divulgación de las características de los territorios de caza, o de la caza en los territorios protegidos para que esta actividad no sea percibida como algo negativo. Durante el encuentro se abordaron asimismo otros temas como las limitaciones de derechos o de bienes, el desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o la situación de la caza en los parques nacionales, cuya gestión, en algunos casos, está transferida a las comunidades autónomas, y en otros, se gestiona a través de comisiones mixtas que determinan las condiciones específicas para el control de determinadas especies.
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