El plan de lucha contra los venenos se consolida con 386 inspecciones y 147 cebos detectados en 2008

La Consejería de Medio Ambiente ha realizado durante el pasado año 386 inspecciones para la detección de cebos envenenados en el medio natural, una de las causas frecuentes de mortalidad para la fauna y una de las principales amenazas para las especies protegidas. El balance provisional de las actuaciones de 2008 supera ampliamente las 267 practicadas en 2007 o las 132 de 2006.


En los últimos años la Consejería ha incrementado su esfuerzo de búsqueda para erradicar esta práctica ilegal, una de las principales amenazas para la fauna
Estos datos ponen de relieve el incremento en el esfuerzo de detección por parte de la Consejería, que ha arrojado 147 casos positivos, una cifra muy similar a la registrada el pasado año, cuando se produjeron 143 detecciones de venenos. Este hecho confirma la consolidación de la ‘Estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados’ desarrollada en Andalucía desde 2004, cuyos resultados apuntan a una mayor sensibilización social y una disminución real de esta práctica ilegal. En este plan cobra una importancia creciente la realización de inspecciones de carácter preventivo. De hecho, 273 de los casos corresponden a inspecciones preventivas realizadas por los equipos caninos de detección que posee Medio Ambiente, mientras que sólo 113 correspondieron a actuaciones de carácter urgente. Estas últimas han permanecido estables respecto al año pasado (114 en 2007), mientras que se han redoblado esfuerzos en las medidas preventivas hasta casi duplicar las 153 contabilizadas ese mismo año. Esto da continuidad a la evolución registrada en 2007, cuando se incrementaron en un 600% las 22 actuaciones llevadas a cabo en 2006. Además de las inspecciones, la Consejería de Medio Ambiente tiene en marcha desde 2005 una campaña de visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas, que ha implicado a los sectores más relacionados con el veneno y han dado lugar a reuniones con los titulares, guardas y directivos a fin de incrementar la disuasión y prevención, creando un ambiente de rechazo hacia el envenenador. Este programa ha contabilizado más de 400 sesiones en 2008 y más de un millar desde su puesta en marcha. En las sesiones se tratan temas como la Ley de Flora y Fauna, la gestión cinegética, prácticas ecológicas ganaderas, la existencia de equipos caninos o la cadena de custodia.

Equipo canino

Desde que en diciembre de 2004 Andalucía pusiera en marcha el primer y pionero equipo canino, la actividad de las unidades de perros ha ido en aumento hasta alcanzar las 875 inspecciones en la región andaluza (más otras 13 realizadas en Baleares, Castilla la Mancha y Extremadura). El año de su creación, la unidad canina apenas llevó a cabo una inspección, mientras que un año más tarde, en 2005, se produjeron 89. Esta evolución ha alcanzado su colofón el presente año con un máximo histórico de 386 actuaciones. Por provincias, Granada y Sevilla son las provincias andaluzas en las que se han descubierto a lo largo de 2008 más episodios de envenenamiento, con 29 y 24 casos, respectivamente. Les sigue Cádiz, con 19 episodios; Jaén y Málaga, con 18 inspecciones en cada caso; Córdoba, con 14; Huelva, con 13 y Almería, con 12. Por su parte, Granada y Jaén han sido las provincias donde se han realizado más inspecciones, con 65 y 60, respectivamente, seguidas de Córdoba, con 49 y de Sevilla y de Málaga, con 45, en cada caso. Las provincias con menos inspecciones realizadas en lo que va de año han sido Huelva, Cádiz y Almería, con 34, 42 y 43 actuaciones. Andalucía dispone en la actualidad de dos grupos de perros entrenados para detectar sustancias ilegales en alimentos y en cadáveres, el primero creado en diciembre de 2004 y el segundo en julio de 2007. En total se trata de 13 perros correspondientes a diversas razas y repartidos en un equipo de ocho ejemplares que opera en Andalucía Occidental y otro de cinco que actúa en las provincias orientales. A pesar de la eficacia demostrada por este sistema pionero, se trata sólo de una de las 61 medidas desarrolladas en el marco de la “Estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados”. Entre el resto de medidas puestas en marcha por la administración ambiental se encuentran la especialización de los Agentes de Medio Ambiente, el control de ventas de fitosanitarios, el envío de actas debidamente cumplimentadas al Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD), control de predadores, tratamiento coordinado y homogéneo de estas cuestiones en toda Andalucía, dotación de material para el levantamiento de muestras, etc. La reducción del uso de estas sustancias también se achaca al endurecimiento regulador, pues no sólo se han incrementado los expedientes sancionadores y las medidas cautelares, sino que a partir de 2004 y con la tipificación del uso de veneno como delito, se han producido las primeras cinco sentencias condenatorias por este motivo. Estas sentencias se registraron en Paymogo (Huelva), que supuso una multa de 720 euros, una indemnización de 270 euros e inhabilitación por 3 años para ejercer la caza; en La Guardia (Jaén), con 720 euros de multa e inhabilitación para caza y pesca de 3 años; en Torredelcampo (Jaén), con 3 meses de cárcel, inhabilitación para cazar durante 1 año e indemnización de 128 euros y el valor de los perros envenenados; en Campillos de Arenas (Jaén) con 14 meses de prisión e inhabilitación para cazar durante 2 años y 3 meses para un condenado y otros 4 meses de prisión e inhabilitación de 1 año y 3 meses para cazar y pescar para otro condenado; en Alcaudete (Jaén), con 1.200 euros de multa, indemnización de 527 euros e inhabilitación para cazar durante un año. El uso de cebos envenenados es una de las principales amenazas para la conservación de muchas especies predadoras y carroñeras de Andalucía. Fue, junto a la persecución directa, la principal causa de reducción de las poblaciones de especies actualmente amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el alimoche o el quebrantahuesos. La ‘Estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados’ tiene un carácter horizontal con los programas de actuaciones de tales especies, puesto que pretende atajar uno de los principales problemas de conservación a los que actualmente se enfrentan.
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