La lucha contra el veneno se agrava por la descoordinación entre autonomías

Las competencias en medio ambiente están en manos de las comunidades autónomas y, mientras algunas de ellas son muy activas en la materia, la mayoría no disponen ni siquiera de planes de acción específicos, a pesar de que el uso de veneno sin autorización está tipificado como delito en el Código Penal.


 Un buitre muerto en Burgos a causa de un cebo envenenado.
Un buitre muerto en Burgos a causa de un cebo envenenado.
Esta práctica se ha extendido a actividades que van desde colmeneros para matar abejarucos, hasta agricultores para acabar con los jabalíes
Las diferencias no solo se producen entre regiones; también se dan entre comarcas, provincias e, incluso, municipios. Esta es una de las principales dificultades que existen para atajar el problema, según han coincidido, en declaraciones a Efe, el director del Laboratorio Forense de Vida Silvestre, Mauro Hernández, y el responsable de WWF/Adena en esta área, Carlos Cano. «Lo que no es normal es que un buitre se muera en Andalucía o a dos metros, en Extremadura, y que la consecuencia sea que no pase nada, o que te puedan cerrar el coto o condenar», se lamenta Hernández, que reclama uniformidad en las actuaciones. Según explica Cano, «hay comunidades que están trabajando bastante bien, otras que empezaron hace unos años y lo han dejado y otras que están arrancando ahora». La escasez de datos impide realizar unas estadísticas fiables a nivel nacional y, por tanto, disponer de una radiografía objetiva del problema. Los cebos envenenados son «bombas de matar» que afectan a animales silvestres hacia los que no van dirigidos, y aunque las cifras globales pueden haber disminuido, la mortalidad ha aumentado en algunas especies protegidas. Los más amenazados son aves carroñeras como el buitre negro, el águila imperial, el quebrantahuesos, el alimoche y el milano real, aunque también el oso pardo. Tradicionalmente ligada a la caza, esta práctica se ha extendido en la actualidad a otras actividades del medio rural para resolver conflictos con animales silvestres y la utilizan desde colmeneros para matar abejarucos, hasta agricultores para acabar con los jabalíes que producen daños a sus cultivos.

Profesionales

Existe también una tendencia hacia la profesionalización de los envenenadores, «que son capaces de preparar un cebo que produzca la muerte retardada», lo que facilita el alejamiento del animal del lugar donde ingiere el veneno y dificulta la identificación del culpable, explica Hernández. Para Cano, «en conjunto, hay algo menos de veneno, pero al haber más vigilancia, afloran más casos» de envenenamiento, aunque hay comunidades que «están intentando taparlos y por eso no dan información». Los datos de mortalidad que se manejan representen solo una fracción de la realidad, la punta del iceberg de esta grave amenaza. Según Hernández, «por cada ejemplar envenenado de una especie amenazada que se encuentra, hay otros ocho muertos que no se detectan», por lo que para este veterinario, pionero en España en la lucha contra los venenos, «nunca el medio ambiente ha estado en teoría tan protegido y, a la vez, tan desamparado». Ambos expertos coinciden en destacar que una de las comunidades que más trabaja en este campo es Andalucía, la única que ha puesto en marcha una patrulla canina para detectar el veneno, que está obteniendo buenos resultados. Además de Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón son las otras autonomías que disponen de planes específicos de lucha contra el veneno, aunque también en Cataluña, Navarra, Castilla y León, Murcia y Baleares se están llevando a cabo acciones. Los datos disponibles son útiles para concluir que «se detecta más veneno donde más se busca y cuanto más se busca más se encuentra», según Hernández. «Es posible luchar contra el veneno», asegura Hernández, quien concluye que «el mejor aliado del envenenador son las propias administraciones públicas que miran para otro lado y le restan importancia al problema».
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