Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

El INAGA tramitó 52.578 licencias de caza el año pasado

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), entidad pública del Departamento de Medio Ambiente, tramitó en 2006 un total de 12.691 expedientes. Esta cifra supone un incremento respecto al año 2005, en el que se tramitaron 11.318 expedientes. Por provincias, durante 2006 en la sede de Zaragoza se resolvieron 8.517, en Huesca 2.309 y en Teruel 1.865.

14/10/2007 | CdC


 

«Se tramitaron 8.517 expedientes en Zaragoza, 2.309 en Huesca y 1.865 en Teruel»

 

Por tipo de expedientes, los de mayor número de expedientes tramitados son los relativos a las aprobaciones de planes anuales de aprovechamiento cinegético de cotos, las reclamaciones de daños no agrarios causados por especies cinegéticas, la regulación de pequeños productores de residuos peligrosos, incidencia ambiental en la utilización del dominio público hidráulico o las autorizaciones en zonas con planes de recuperación de especies amenazadas.

Por la importancia y complejidad que conlleva su tramitación, destaca la importante reducción en los plazos de resolución de las Evaluaciones de Impacto Ambiental y las Autorizaciones Ambientales Integradas, que se sitúa en torno a los 4 y 6 meses, la mitad del plazo máximo que marca la ley aragonesa. En total, se han tramitado 459 expedientes de evaluación ambiental y 570 autorizaciones ambientales integradas. Además de estos procedimientos, el INAGA ha expedido 52.578 licencias de caza, 6.361 de manera gratuita por corresponder a mayores de 65 años, y 58.943 de pesca, 5.472 de ellas gratuitas por el mismo motivo.

El INAGA ha incorporado y desarrollado los medios telemáticos necesarios para generar un sistema de información vía internet que permite a los interesados conocer en todo momento cual es el estado de tramitación de sus expedientes, garantizando de este modo una mayor transparencia en la gestión administrativa. Además, se ha puesto en marcha un servicio de alertas informativas que remite periódicamente mediante suscripción, recogiendo las novedades relativas a expedientes tramitados por INAGA (inicio de exposición pública y publicación de resoluciones de impacto ambiental, de autorización ambiental integrada y evaluación ambiental de planes y programas).

El novedoso modelo de gestión del INAGA ofrece a los usuarios una mayor rapidez y eficacia en la gestión de expedientes con contenido ambiental, lo que se traduce en una importante reducción de los plazos de resolución con todas las garantías técnicas y jurídicas. El éxito de este modelo ha llevado a que otras Comunidades Autónomas e Instituciones Públicas de ámbito nacional se interesen por su experiencia y metodología de trabajo.

Tres años de proyectos pioneros


El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental es una entidad de derecho público, especializada en la gestión administrativa de expedientes de carácter medioambiental, pionera en nuestro país. Su puesta en marcha efectiva comenzó el 1 de abril de 2004, siguiendo los plazos marcados en su ley de creación. El personal incorporado al INAGA está integrado por personal administrativo y por un equipo técnico multidisciplinar (ingenieros de montes y agrónomos, técnicos forestales e industriales, y licenciados en biología, geología, químicas, farmacia, económicas y derecho), en total cincuenta personas, funcionarios y laborales, procedentes de la Administración autonómica aragonesa.

Además de toda la actividad descrita, el INAGA lleva a cabo una intensa labor de asesoría profesional. A través de varios convenios de colaboración suscritos con colegios profesionales, está desarrollando jornadas de formación específicas para diversos sectores, con el fin de divulgar la legislación y los procedimientos ambientales entre los profesionales de cada uno de los colectivos directamente relacionados con el medio ambiente.

El novedoso modelo de gestión del INAGA ha permitido al promotor público y privado, y al ciudadano en general, una mayor rapidez y eficacia en la gestión de expedientes con contenido ambiental, lo que se traduce en una importante reducción de los plazos de resolución con todas las garantías técnicas y jurídicas. El éxito de este modelo ha llevado a que otras Comunidades Autónomas e Instituciones Públicas de ámbito nacional se interesen por su experiencia y metodología de trabajo.

 

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