Córdoba

Ecologistas en Acción tacha de irresponsable a la Administración por apoyar a Intercaza

Un grupo de manifestantes de Ecologistas en Acción protagonizó un acto de protesta a la entrada de la feria de Intercaza en Córdoba. Según su portavoz, Joaquín Reina, «la caza ha sido la responsable de que algunas especies como el lince estén en peligro de extinción». Incluso, aseguró que es «una farsa que la caza favorezca la biodiversidad» y lamentó que «los políticos se apunten a este carro, que no ayuda al medio ambiente».

29/09/2007 | CdC


 

«La tradición, la propiedad sobre la tierra y el salir al campo con armas de fuego otorga una fuerza de negociación inmejorable a los cazadores»

 

En una nota, aparecida en su página web, hacen un repaso a sus argumentos en contra de la caza y se lamentan de que «la tradición, la propiedad sobre la tierra y el salir al campo con armas de fuego otorga una fuerza de negociación inmejorable» a los cazadores.

El contenido íntegro de la nota es el siguiente:

Las Administraciones Públicas financian una feria cinegética (Intercaza), año tras año, con unos objetivos bien definidos. Por un lado, dulcificar la imagen cada día más negativa de la caza, y por otro, facilitar la incorporación de nuevos aficionados y potenciales consumidores de los artículos de lujo que se mueven alrededor de esta actividad. Una práctica que ha conseguido supeditar el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente sano de la mayoría de ciudadanas/os que no practicamos la caza.

Se muestra la actividad cinegética como un factor dinamizador de la economía rural, lanzando macrocifras económicas que en vano intento, intentan ganar adeptos y simpatizantes, por eso de que la economía es lo primero. La realidad es que son escasos los empleos de calidad e indefinidos, y más frecuentes los jornales en condiciones precarias, mal pagados y sin control del fisco. La mayoría del flujo económico que se vincula a la caza y sus servicios asociados, circula alrededor de la caza mayor, en un reducido grupo de grandes propietarios, de gestores y otras organizaciones.

Es más, la caza ha sido y se ha convertido particularmente en los últimos años, en una rémora para el establecimiento de otros sistemas de aprovechamientos de los recursos naturales menos agresivos y de mayor dinamismo socioeconómico, como el turismo de naturaleza. Sería impensable en la provincia de Córdoba, una red de senderos públicos y privados, libres de tránsito, sin obstáculos ni impedimentos como afortunadamente se puede disfrutar en diversas zonas de España, especialmente en la Cornisa Cantábrica.

La presencia de cazadores en el campo con armas de fuego, desde agosto a febrero, sin contar con los periodos y actuaciones fuera de los periodos hábiles generales, deja escaso margen para la organización de actividades recreativas o turísticas en numerosos parajes de Córdoba, especialmente en las áreas donde el régimen de propiedad privada es mayoritario y la caza mayor la modalidad dominante. Si a ello le unimos la presencia de los vallados cinegéticos, instalados sin el mínimo respeto por la normativa vigente, con la consiguiente apropiación ilegal de caminos vecinales, vías pecuarias o cauces naturales, la caza, es en la actualidad uno de los principales obstáculos para una deseable y necesaria diversificación económica en las áreas rurales de montaña.

Para las asociaciones Ecologistas en Acción y la Protectora de Animales y Plantas "Arca de Noé", lo que nos parece especialmente grave es la manipulación consciente que se realiza de la realidad para proyectar una imagen comprometida y responsable de un sector, el cinegético, obsesionado y volcado en sus propios intereses. En definitiva, un perfecto amplificador que transmite una realidad virtual y sesgada de la actividad cinegética y de los cazadores.

Los cazadores y los directamente beneficiados de la caza, han conseguido el beneplácito de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Medio Ambiente para poder seguir matando a tiros o por procedimientos domésticos, a cual más doloroso y cruel, a los canes que se localicen abandonados en los cotos de caza o proximidades, vulnerándose lo establecido por la normativa vigente, donde sólo se permite el sacrificio en casos absolutamente justificados y por profesionales –veterinarios-.

Además, en un nuevo intento de burlar las obligaciones legales en materia de bienestar animal, la Asociación Española de Rehalas, a través de su Delegación en Andalucía, ha conseguido un compromiso político de la Junta de Andalucía que supone la invalidez de la Ley de protección de animales aprobada en el 2003. Disfrutarán de un privilegio especial de tal forma que se podrá transportar a los animales como hasta ahora, hacinados, unos encima de otros, durante horas, se podrá mutilar a los perros de las rehalas, no será obligatorio la guía sanitaria y el certificado higiénico-sanitario y además, se abre la posibilidad de recibir subvenciones y ayudas públicas para matar a los canes que por edad o por su inaptitud deban de ser reemplazados en las rehalas utilizadas en las monterías y batidas de caza.

En la actualidad, muchos de los perros abandonados son provenientes de la caza, una vez concluida la temporada cinegética los abandonos y sacrificios, sobre todo de galgos, se multiplican considerablemente. Según datos obtenidos de años anteriores en perreras municipales y refugios, se cifran en 100.000 los animales que serán desechados en España entre finales de enero y principios de abril, 25.000 sólo en Andalucía, y como único destino el sacrificio y abandono. Estos animales son hacinados, mal alimentados y con nula atención veterinaria. Concretamente durante el año 2005 (Todavía se están cerrando los datos del 2006), en materia de maltratos de galgos en España, la Guardia Civil formuló un total de 540 denuncias por infracciones penales y administrativas, de las cuales 15 fueron por ahorcamientos, 115 por desnutrición, 10 por maltratos con resultado de muerte, 13 por muerte como consecuencia de disparos, 159 por abandono y 228 por otros incumplimientos de la legislación vigente, habiendo puesto a disposición judicial a un total de 29 personas. A lo que habría que sumar los casos que no llegan a denunciarse, de ahí que el Seprona pida que «se le haga partícipe de cualquier maltrato». Esto sin contar el abandono de otros perros como podencos, bretones, etc.

Recientemente, la Real Federación Española de Caza ha presentado un documento de alegaciones, con el apoyo del Partido Popular, al anteproyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo de evitar su aprobación antes de la finalización de la actual legislatura, o para en el peor de los casos, modificar sustancialmente el articulado respecto a los asuntos que más le interesan. Siguen reclamando poder practicar la caza dentro de los Parques Nacionales. Se niegan a que las Administraciones Públicas tengan el derecho de tanteo y retracto en los espacios naturales protegidos. Proponen que sean ellos directamente, y no los teóricamente necesarios “controladores de alimañas”, como a ellos les gusta denominar, los que utilicen los métodos de captura para el control de la especies “indeseadas y dañinas” en sus fincas, y además, exigen compensaciones económicas ante posibles limitaciones del ejercicio de la caza, entre otras tantas exigencias donde priman, como no podía ser de otra manera, EL INTERÉS GENERAL.

Las principales organizaciones cinegéticas, “tan responsables ellas”, se niegan año tras año a catalogar como protegidas, especies que requieren cuanto menos una protección o moratoria temporal, como la Tórtola, debido a su preocupante descenso poblacional, entre otras causas, a consecuencia de la caza. Tal situación alarmante ha sido corroborada pública y oficialmente, al ser incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía como “Vulnerable” a la extinción (VU), y a pesar de todo, los cazadores siguen disparando sobre la especie, temporada tras temporada.

Ecologistas en Acción considera que una parte significativa de la política de conservación de la biodiversidad de la Junta de Andalucía, así como los derechos de la inmensa mayoría de la población que se declara no cazadora y en desacuerdo con la actividad cinegética, están subordinados a los intereses particulares de un sector minoritario que no alcanza ni el 5% de la población. Desgraciadamente, la tradición, la propiedad sobre la tierra y el salir al campo con armas de fuego les otorga una fuerza de negociación inmejorable.

 

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