Consejo de Ministros

Aprobado el Proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la remisión a las Cortes Generales del Proyecto deLey de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo de mejorar el régimen de protección, conservación y restauración de la biodiversidad española, la más rica de toda la Unión Europea.

12/04/2015 11:00:21 | CdC | Archivado en:  MAGRAMALegislación.

Para ello, se dota de mayor transparencia y seguridad jurídica a todo lo relacionado con el régimen de propiedad de los espacios protegidos. Así, entre otras novedades, se prevé proporcionar información sobre las protecciones ambientales que afectan a las superficies incluidas en espacios protegidos. Esta información se recogerá en el Registro de la Propiedad y en el Catastro. De esta forma, se garantiza una mejor protección de estos espacios ya que se protege mejor lo que se conoce.

España es el país más rico en biodiversidad de la Unión Europea, con más de 9.000 especies de plantas y más de 60.000 especies de fauna, y cuenta con una superficie de espacios naturales protegidos de 6,3 millones de hectáreas en tierra y de 500.000 hectáreas en el mar, entre Parques (Nacionales y Naturales), Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

Además, el 27 por ciento del total de la superficie terrestre de nuestro país (13,7 millones de hectáreas, aparte de 8 millones de hectáreas marinas) son espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, que cuentan entre ellos con 1.466 espacios declarados como Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y 643 como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).

Los espacios protegidos en España incluyen tanto a los espacios naturales protegidos como a los espacios Red Natura 2000.

España también es el único país de la UE (junto con Francia) con cuatro regiones biogeográficas (alpina, atlántica, macaronésica y mediterránea), y posee, además, el 59,6% de los hábitats de interés comunitario y más del 40% de las especies de flora y fauna de la UE.

Recuperación de especies amenazadas


El proyecto normativo hoy aprobado prevé el establecimiento de un análisis previo a la importación de especies foráneas que sean susceptibles de provocar daños a la biodiversidad autóctona.

Asimismo, respecto de la reintroducción de especies desaparecidas en el pasado, se garantiza que estas sean compatibles con las actividades humanas.

El proyecto normativo incluye también disposiciones que regulan el acceso a los recursos genéticos de especies silvestres y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, de acuerdo con el Protocolo de Nagoya, del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por España en 2014.

Estrategia infraestructura verde


Asimismo, se recogen las actualizaciones derivadas de la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad hasta 2020, mediante la adición de nuevos objetivos y principios a la ley, así como la previsión de la aprobación de una Estrategia estatal sobre infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. El objetivo es incrementar las posibilidades de movimiento de las especies entre los espacios protegidos, en línea con lo establecido en la Comunicación de la Comisión Europea sobre Infraestructura verde.

Apoyo a las actividades en Red Natura 2000


El nuevo texto recoge, asimismo, el apoyo a las actividades coherentes con la conservación de los espacios de la Red Natura 2000, que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo.

También se incorporan acciones para unificar las metodologías que se utilizan por parte de las diferentes administraciones para el seguimiento de la biodiversidad.

Biodiversidad y cambio climático


En el Proyecto de Ley se introduce la vinculación entre biodiversidad y cambio climático. Así, se incorporan entre los principios inspiradores de la ley, la prevención de los problemas emergentes como consecuencia del cambio climático, la mitigación y adaptación al mismo, así como la lucha contra sus efectos adversos.

Entre los deberes de los poderes públicos, se recoge el diseño de medidas de adaptación y mitigación para minimizar los riesgos e impactos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Para el diseño de esta reforma normativa, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha desarrollado un intenso trabajo de coordinación con las Comunidades Autónomas y con la sociedad civil, en el marco de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

 

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