En el ministerio de Agricultura

AMFAR propone la unificación de criterios para el desarrollo de la Titularidad Compartida

Varios miembros del comité ejecutivo nacional de AMFAR, Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, asisten hoy a una jornada de trabajo organizada por el ministerio de Agricultura sobre la aplicación de la Ley de Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias españolas.

01/10/2013 12:10:38 | CdC | Archivado en:  AMFAR.

 

La titularidad compartida de los cónyuges en las explotaciones agrarias ha sido una de las grandes e históricas reivindicaciones de AMFAR, ya que permite el reconocimiento del trabajo invisible realizado por las mujeres en el campo y el disfrute de sus propias prestaciones sociales.

Sin embargo, a pesar de haber transcurrido dos años desde la aprobación de la normativa legal que rige la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, son muy pocas las mujeres que se han dado de alta en esta nueva figura legal.

Según AMFAR, la Ley que fue publicada en el BOE de 4 de octubre de 2011, se encuentra actualmente con una serie de obstáculos que dificultan la incorporación de las mujeres rurales como cotitulares de las explotaciones agrarias. «Existen dos problemas esenciales. Por una parte, la falta de información, ya que son muy pocas las mujeres que conocen esta nueva legislación y por otra, la gran diversidad de normativa que han generado las comunidades autónomas», apunta Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR.

Y es que, según la presidenta nacional de AMFAR, hay comunidades autónomas en las que todavía no se puede aplicar la ley de titularidad compartida porque no han creado el registro obligatorio que marca la norma; frente a otras regiones en las que sí se puede aplicar, pero en las que se recogen también multitud de situaciones muy diferentes.

Hay comunidades autónomas que incentivan la incorporación de las mujeres con subvenciones, frente a las que ofrecen bonificaciones o las que no ofrecen ningún tipo de ayuda. Se recogen también diferencias muy dispares en el límite de edad de las beneficiarias.

«Todos estos factores no contribuyen al correcto desarrollo de la Ley, que pide a gritos una revisión que unifique criterios para adaptarla a la realidad social y económica del momento», explica Merino.

Estas y otras cuestiones se debatirán mañana en Madrid en una jornada de trabajo en la que participarán la presidenta nacional, Lola Merino; la vicepresidenta nacional, Nuria Alonso; la secretaria general, Adoración Blanque; así como la Tesorera, Rosa del Castillo y expertos en Derecho Civil y Mercantil; Economía Aplicada; y Sociología y Política Agraria de la Universidad de Valladolid; además de los máximos responsables de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación.

 

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