Madrid

La decepción con el CSD aumenta entre los cazadores

El Consejo Superior de Deportes (CSD) convocó el pasado viernes 15 de febrero a representantes de la Real Federación Española de Caza y del F-7, como ya se conoce extraoficialmente al grupo formado por las siete federaciones autonómicas que solicitaron tal reunión para exigir la convocatoria urgente de elecciones a la presidencia de la RFEC. Sin embargo, el CSD ha decidido no arbitrar ninguna solución y esperar hasta que la Justicia se pronuncie al respecto.

23/02/2013 9:43:18 | CdC | Archivado en:  Madrid.

 

Los representantes del F-7, que aglutinan al 70% de los cazadores federados en España, pusieron en conocimiento del director general del CSD, David Villaverde, la reducción injustificada del número de representantes de cinco de estas federaciones en la Asamblea General de la RFEC durante los comicios celebrados en noviembre, circunstancia que permitió a Andrés Gutiérrez ser reelegido como presidente de esta institución.

Al encuentro acudieron, entre otros, el presidente de la RFEC, Andrés Gutiérrez, acompañado de su vicepresidente, Juan Quiles. Por parte del F-7, el máximo organismo deportivo citó únicamente a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, Juan de Dios García, presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, y Francisco Piera, presidente de la Federación Catalana de Caza.

Los representantes del F-7 se mostraron muy decepcionados por el estéril papel del CSD en la polémica de las elecciones y algunos de los dirigentes tildaron el encuentro de brindis al sol, puesto que no contribuyó a solucionar la grave crisis que atraviesa la RFEC. De esta manera se han mostrado firmes en su decisión de emitir licencias federativas autonómicas y de seguir trabajando por la caza y los cazadores al margen de la actual junta de gobierno de la RFEC.

También manifestaron su total compromiso con la RFEC pero no con Andrés Gutiérrez, al que consideran deslegitimado por el polémico proceso electoral y, como única salida al conflicto, abogan por la convocatoria de unas nuevas elecciones «limpias y ajustadas a la normativa legal vigente».

 

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